AP pide al Congreso que repruebe al Tribunal de Cuentas por el 'caso Rumasa'

A. D., El Grupo Popular pidió ayer por escrito al presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, que la Cámara repruebe oficialmente al Tribunal de Cuentas por su actuación en la fiscalización de la forma en que el Gobierno reprivatizó Rumasa, según anunció ayer el portavoz adjunto de ese grupo, Luis Ramallo.

A tenor de sus cálculos, obtenidos principalmente por respuestas del Gobierno a numerosas preguntas, el coste de la reprivatización de Rumasa asciende por ahora a 941.254 millones de pesetas. El extenso escrito del Grupo Popular al presidente del Congreso recoge los antecedentes de este caso y una serie de conclusiones.

Todo comenzó cuando las Cortes Generales pidieron al Tribunal de Cuentas que realizara una fiscalización de la labor gubernamental en lo relativo a la venta de la Rumasa expropiada. Lo cierto fue que, antes de que el informe llegara a las Cortes Generales, el abogado del Estado utilizó precisamente las conclusiones del tribunal para defender al Gobierno frente a la denuncia de los abogados de José María Ruiz-Mateos.

Esta utilización de tal informe en un juicio provocó el malestar del Grupo Popular, toda vez que el Parlamento no conocía todavía el informe del tribunal, aunque lo habían solicitado precesalmente las Cortes.

El Grupo Popular pide a Pons, en defensa del prestigio de las Cortes, "que exija las responsabilidades a que se hubiera dado lugar como consecuencia de la utilización partidaria de una resolución encomendada al Tribunal de Cuentas por las Cortes, agravada la responsabilidad por la circunstancia de no ser completa la resolución del Tribunal de Cuentas".

Vejación

También se solicita "reprobar la actuación del Tribunal de Cuentas por lo anterior y por haber consentido el conocimiento del resultado de una fiscalización encargada por las Cortes por otras instituciones antes que por las cámaras, de quien depende el Tribunal de Cuentas".

Asimismo se reprocha que el Tribunal de Cuentas haya aprobado en pleno esta fiscalización de Rumasa en fecha 28 de junio de 1988 sin sus anexos, ya que éstos no se aprobaron hasta el 7 de octubre siguiente, "impidiendo el trabajo de las Cortes y vejando con su actuación a la representación del pueblo que las Cortes ostentan".

Luis Ramallo criticó el hecho de que el antiguo propietario de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, hubiera escapado anteayer de la vigilancia policial, aunque posteriormente recordó que Ruiz-Mateos "fue traído desde Alemania casi a punta de pistola hace cuatro años y aún no se le ha juzgado". Según el portavoz adjunto del Grupo Popular, con esta demora, "el Gobierno se está convirtiendo en el mejor defensor de Ruiz-Mateos, ya que la opinión pública está cambiando de opinión y se está colocando de su lado".