Los empleados públicos se manifiestan contra el acuerdo firmado por la Administración con la CSIF

M. Z., La jornada de movilizaciones que ayer organizaron CC OO y UGT en toda España y dentro del sector de la Administración Pública, finalizó en Madrid con una manifestación, a la que acudieron 100.000 funcionarios, según valoraciones de los convocantes. Los cálculos de la Delegación del Gobierno situaban la cifra en 4.000 manifestantes, mientras que la Policía Municipal consideró que salieron a la calle entre 3.000 y 4.000 personas.

En la cabeza de la manifestación, portando una pancarta en la que se rechazaban los pactos firmados por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y la Administración, se encontraban representantes tanto de CC OO y de UGT como del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza Confederados (STEC) y CNT.

Esta iniciativa era valorada por los sindicatos convocantes como el máximo exponente de la unidad sindical. "Es el acto más alentador para los funcionarios de esta democracia", según comentó el secretario general de UGT, Nicolás Redondo.

Al comienzo de la manifestación, Redondo no descartaba la posibilidad de realizar una huelga general, "ésta es la primera de movilizaciones más amplias, que no es que queramos, es que nos empujan a ello". El máximo representante de CC OO, Antonio Gutiérrez, indicó que "el 3% fue un error anunciado también por expertos y economistas".

A las dos horas de iniciarse la movilización, Orentino Alonso, futuro responsable del área pública de CC OO, ante la dimisión del anterior secretario de la federación Alberto Torres, dijo a los manifestantes desde la tribuna que el Gobierno "usa el IPC como elemento de agresión para los empleados públicos y trabajadores en general". Por su parte, el secretario de la federación de funcionarios de UGT, Santiago Nieves, destacó que ocho millones de españoles han perdido dos puntos más de poder adquisitivo. Al final de la convocatoria se anunció que hoy continuarán las manifestaciones, por lo que se movilizarán 200.000 trabajadores.

Por su parte, el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, indicaba al comienzo de la jornada -y a través de un comunicado de prensa- que "no hay razones para convocar movilizaciones, pues los funcionarios no pueden quejarse del acuerdo que hemos incluido en el proyecto de Presupuestos Generales". Según el ministro, el Parlamento "no se deja influenciar por manifestaciones más o menos numerosas, y yo creo que la de hoy no va a ser numerosa".

El comité ejecutivo de la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, integrada en CSIF, acusó a CC OO y UGT a través de otro comunicado de "manipular políticamente" el pacto firmado, aunque también rechazan el acuerdo suscrito por CSIF con el Gobierno porque "es desfavorable para los empleados públicos".