El convenio España-EE UU, a debate

La comparecencia de los ministros de Exteriores y Defensa en el Congreso el viernes pasado fue interesante y coherente. Lo habría sido más si los diputados presentes hubieran podido disponer de un borrador del Convenio hispano-norte americano que los ministros habían ido a explicarles. Así y todo, Fernández Ordóñez y Serra hablaron pormenorizadamente de los temas específicos que preocupan a la opinión pública española. Y demostraron convincentemente tres cosas: en primer lugar, que había sido necesario negociar duramente para cambiar una relación aliada que, hasta ahora, ha sido de dependencia y no de amistad y cooperación. En segundo lugar, que la relación ha sido efectivamente cambiada hasta niveles insospechados, incluso más favorables que los que otros aliados tienen con Washington. Y, finalmente, que, con el nuevo Convenio hispano-norteamericano, se cumple rigurosamente la condición tercera de la pregunta del referéndum sobre pertenencia de España a la OTAN (reducción progresiva de la presencia militar de EE UU).La única salvedad fue que, en su comparecencia, los ministros pasaron como sobre ascuas por el asunto de la célebre cláusula incorporada a un anejo al nuevo Convenio y por la que el Gobierno español se compromete a no preguntar sobre la carga de los buques estadounidenses que llegan a nuestras aguas. El tema es sencillo: en el anterior convenio, Washington aceptaba que era política española no permitir "la instalación y almacenamiento" de armamento nuclear. Tras el referéndum de marzo de 1986, se hacía preciso incluir la palabra "introducción", para hacer que la cláusula del nuevo Convenio fuera acorde con la pregunta. Esto, para los estadounidenses, quería decir que también se prohibía el tránsito de armamento nuclear por España. Este tránsito les es esencial y, por consiguiente, pidieron la inclusión de una garantía escrita de que Madrid no preguntaría lo que llevaban los buques, práctica que, no escrita, es normal entre miembros de la OTAN. Para las aeronaves, se sigue aplicando el sistema del anterior Convenio: un intercambio de cartas por el que España recuerda a EE UU su política de desnuclearización; y Washington, a su vez, le asegura que la respeta. ¿Fruslerías florentinas? Desde luego. Nos las exige nuestra pertenencia a un mundo occidental extremadamente complejo, como lo demuestra la existencia de una alianza defensiva global, la OTAN, formada por países de diversa estructura, poderío y tendencia política, pero cuyo principio esenciales la disuasión atómica.

Limitaciones estratégicas

Al ministro de Exteriores se le escapó el viernes el meollo de la cuestión cuando afirmó que no se podía exigir al Gobierno la autoimposición de limitaciones estratégicas cuya mera existencia haría inviable nuestra condición de miembros de la Alianza Atlántica. No hace falta ser m y buen entendedor.

Un argumento que subyace n toda la estrategia del Gobierno es que, en el fondo, estamos tan desnuclearizados como, por ejemplo, lo están en tiempo de paz Noruega o Dinamarca, que también aplican la "política de no preguntar". Lo único que hace Madrid, nos aseguran, es ponerla por escrito. Pues debe reiterarse que para obtener tal resultado no se requería un referéndum. En realidad, el Gobierno quiere sugerir que, con el referéndum, nos equiparamos a Noruega o Dinamarca. Pero eso es una falacia. A quienes nos equiparamos mediante el referéndum fue a Nueva Zelanda, que no es que pregunte, es que ni siquiera admite el tránsito de buques sospechosos de llevar armamento nuclear. Por esta razón, la cláusula incorporada al anejo 4 del nuevo Convenio con EE UU deshace la no nuclearidad de España. Como no puede ser menos, porque la nuclearidad potencial en tiempo de guerra y la pasividad ante el tránsito de armamento nuclear de EE UU y de Francia y el Reino Unido es la condición mínima para la pertenencia a la OTAN.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Sencillamente que, para convencer al pueblo español de que, si queríamos integramos en la CE, era esencial seguir siendo miembro de la Alianza, el Gobierno puso tantos caveat a la pregunta del referéndum como consideró que era necesario, fueran o no cumplibles. Entre otros, se comprometió, sin condición suspensiva alguna, a que España mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear (claro que ahora, perdido en el texto del nuevo Convenio con EE UU, se aclara que el Gobierno puede, si ésa es su voluntad, cambiar esta política). Parece evidente que, en 1982, el Ejecutivo desconocía las verdaderas exigencias de su pertenencia a la OTAN. Consiguientemente, en 1986, puso una condición segunda al referéndum que es incompatible con su consulta principal (quedarse en la OTAN). Deshacer el entuerto de nuestra nuclearidad, explicándoselo al pueblo, simplificaría la tarea del gobierno hacia dentro y hacia fuera.