Aclaración de Araceli Pereda

El pasado 17 de octubre aparece en el periódico que usted dirige un artículo sobre apellidos en el poder, titulado Dos más no importan, numerosas gentes ocupan altos cargos en la Administración pública, con dos páginas de texto y cinco fotografías.En su medio se dice que una imagen vale más que 1.000 palabras. Las empleadas en el artículo para describir mi profesión son 46. De las cinco fotografías, una corresponde a mi persona y aparezco en solitario y debajo del título del artículo. El texto dice que yo fuí nombrada directora general del Patrimonio Cultural antes de que lo fuera mi marido; sin embargo, mi foto en medio de la página parece representar el paradigma de su artículo: "Parece... que el PSOE confía en sus allegados más directos a la hora de compartir responsabilidades políticas, y evidencia al mismo tiempo una firme defensa de la familia. ..".

Tengo 41 años, trabajo en la Administración del Estado desde los 24, después de terminar la licenciatura en Historia del Arte, y, salvo mis tres primeros años como contratada laboral, todos los puestos que he desempeñado durante los 14 años restantes han sido debidos a mi condición de funcionaria y licenciada. Así ocurrió, por ejemplo, entre 1979 y 1985, cuando ejercí la dirección del Centro de Documentación e Información del Patrimonio Artístico en el Ministerio de Cultura. Soy directora general del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid desde el 5 de septiembre de 1985, después de que ganara mi última oposición en la Administración general del Estado. He sido nombrada en junio de 1988 académica correspondiente por Madrid de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como puede ver, una carrera profesional bastante normal para una persona cualificada.

Es cierto que, además de una vida profesional propia desde hace más de 17 años, tengo una vida personal en la que, como muchos ciudadanos, estoy casada y tengo dos hijos. Resulta que la persona con la que comparto mi vida privada es, desde julio de 1986, ministro del Gobierno. Normalmente, la gente tiene una familia. También es normal que la pareja comparta intereses sociales y militancia política.

Le aseguro, señor director, que yo no sabía cuando me casé que mi marido iba a ser designado ministro. Tampoco lo sabía cuando acepté mi responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Pero lo que indudablemente no sabía es que las esposas, o los maridos, socialistas tienen que divorciarse o renunciar a una actividad profesional y política de muchos años cuando su pareja es promocionada a un cargo de responsabilidad. No me atrevo a pensar que su periódico defienda semejante idea. Ni tampoco que abogue porque las mujeres sean obligatoriamente "partidarias de quedarse en casa", cualquiera que sea la situación de su pareja. Desde luego, una duda más sobre la cualificación profesional, de un hombre o una mujer casado o unido por cualquier vínculo familiar a un alto cargo en la Administración pública, sí importa.-