Víctimas y verdugos
J. D., Unos 70.000 vigilantes forman la plantilla de las 1.300 empresas que integran el sector de la seguridad privada, que sólo en Madrid tiene empleadas a 15.000 personas.
El vacío legal existente en la actualidad propicia la aparición de empresas sin infraestructura, que practican la competencia desleal e incurren en piratería. El secretario de Seguridad del Estado, Rafael Vera, reconoció hace un año que hay empresas que "bordean la ilegalidad y generan inseguridad".
Los vigilantes jurados han pagado en repetidas ocasiones con sangre su lucha contra la inseguridad. Otras veces han sido ellos quienes han originado incidentes.
El 6 de enero de 1978, un guarda jurado mató a Juan Antonio Pérez Conesa, de 16 años, cuando paseaba por la calle de Orense, porque "se rió" de él. En abril de 1983, un vigilante de la estación de Villaverde hirió a un joven.
En diciembre de 1987, Gabriel López Albacete, de 17 años, murió en una discoteca de Almería por un disparo de un vigilante, cuando éste bromeaba con su revólver. En junio pasado cinco jóvenes fueron agredidos por guardas jurados en Aurrerá. José Antonio Errejón, alto cargo del Ministerio de Obras Públicas, recibió una paliza de vigilantes del metro, en 1981.
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