La Administración francesa no concede más estatutos de refugiado a ciudadanos españoles

JOSÉ A. SOROLLA, El secretario general de la Oficina. Francesa para los Refugiados y Apátridas (OFPRA), Gilles Rosset, manifestó ayer a Televisión Española en París que no se concederán más estatutos de refugiado a ciudadanos españoles presuntamente relacionados con ETA.

Rosset explicó que, desde la aprobación de la Constitución de 1978, la consolidación de la democracia y el respeto a las libertades en España, ya no existen las condiciones para la concesión del estatuto en Francia. El secretario general de la OFPRA agregó que esta organización había informado ya desfavorablemente la concesión del estatuto a algunos de los refugiados que actualmente lo poseen, pero precisó que fue otorgado por la Comisión de Recursos de los Refugiados, dependiente del Consejo de Estado y que funciona como un tribunal de apelación de la OFPRA.

La OFPRA, creada en 1953, es un organismo autónomo, aunque depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las decisiones de la OFPRA son ratificadas en un 95% por la comisión de recursos y, si se deniega la concesión del estatuto, el refugiado dispone de un mes para abandonar el país.

Los españoles que tienen el estatuto dé refugiado en Francia son 19, tras la retirada del que poseía el dirigente de ETA Santiago Arróspide, Santi Potros, detenido en Anglet en septiembre de 1987. En opinión de Gilles Rosset, algunos de ellos no residen ya en territorio francés. Sólo tres de estos 19 -uno de ellos Santi Potros- han solicitado la renovación del estatuto, y se puede asegurar que, al igual que ocurrió con Arróspide Sarasola, la decisión será negativa.

Entre los 19 españoles que aún disponen de estatuto se encuentran Ángel Iturbe Abasolo -hermano de del fallecido dirigente etarra Txomin Iturbe-, José María Bereziartúa, Izaskun Rekalde -la mujer de Santi Potros-, Andrés Izaguirre Gogorza, José Manuel Pagoaga Gallastegui, José Miguel Lujúa, Gorostiola, Eloy Uriarte Díaz de Guereño, José Antonio Zurutuza Oruña, Luis María Saralegui, Carlos Ibarguren Aguirre, Vicente Zelaya Gutiérrez, Izaskun Ugarte Goikoetxea, Ángel Castillo, María Isabel Urdangaráin e Izaskun Arrazola Mayona.

En la conversación con Televisión Española, Rosset explicó que la veintena de cartas de refugiado se concedió -excepto una, que es de 1980- entre 1981 y 1986, durante los Gobiernos socialistas de Pierre Mauroy y Laurent Fabius, y precisó que desde ese último año no se ha otorgado ninguna más.

Cuatro se concedieron en 1982; dos, en 1983; siete, en 1984; cinco, en 1985, y una, en 1986. Aunque reconoció que es difícil anular un estatuto cuando se posee, Gilles Rosset señaló que en el caso español empezaron a aplicarse las cláusulas de revisión a partir de 1979.

Los argumentos de Rosset coinciden básicamente con los que expuso el fiscal de la Cámara de Acusación del Tribunal de París en la última vista de una demanda de extradición, la del presunto etarra José Félix Pérez Alonso. El fiscal dijo que en España existe actualmente un régimen plenamente democrático, y basó su argumentación en pronunciamientos del Consejo de Estado francés en 1984, año en que, bajo Gobierno socialista, se concedieron las primeras extradiciones de supuestos militantes de la organización terrorista.