Cuatro consejeros se opusieron al 'sí' del Tribunal de Cuentas a la Rumasa financiera

El proceso de fiscalización sobre la reprivatización del sector financiero de Rumasa, aprobado el pasado día 10 por el Tribunal de Cuentas, contó con el voto en contra de cuatro consejeros de este organismo, según informa Europa Press.

El tribunal dio su visto bueno al informe argumentando que los bancos y las sociedades de seguros de Rumasa llevaban una contabilidad falsa, por lo que su venta tuvo que hacerse sobre los valores que tenían en el momento de producirse la reprivatización y no sobre los datos contables del grupo, informa Efe.

Los consejeros señalan sin embargo que, a su juicio, el pleno del Tribunal ha asumido valoraciones insuficientemente probadas, ha aplicado criterios a veces inadecuados para estimar el coste de la operación y carece de un estudio profundo sobre las sociedades del sector financiero de Rumasa.

En opinión de los consejeros, el informe sobre la refinanciación del Banco Atlántico, buque insignia de la Rumasa financiera, no analiza la justificación de las diferencias existentes entre el precio de venta obtenido y el neto patrimonial resultante de los balances de situación de la sociedad expropiada. "Aunque es obvia la distinción que debe establecerse entre el valor contable y el precio de venta", señala uno de los informes de los consejeros, "la falta de análisis de los motivos que han podido justificar la enajenación de algunas sociedades en precios tan alejados de sus valores teóricos. Destaca el caso del Banco Atlántico que, con un valor contable que en el momento de su reprivatización oscila entre los 14.000 y los 16.000 millones de pesetas, se vende en 5.118 millones; limitándose el informe a asegurar que la oferta era la más ventajosa.

Los otros bancos

A juicio de los consejeros que se opusieron a la aprobación, tampoco el precio de venta obtenido en la reprivatización de los 17 bancos adquiridos por el consorcio bancario es objeto de análisis cuando hubiera precisado un profundo estudio para clarificar su situación en el momento de la expropiación y en el de la privatización, así como del proceso de saneamiento realizado en las instituciones, el pago de los créditos con el grupo Rumasa y los préstamos realizados a estas instituciones por el Banco de España.Finalmente, según los consejeros, el pago de 1.174 millones de pesetas a la sociedad compradora de las compañías de seguros por varios conceptos "hubiera exigido también el análisis pormenorizado del tribunal".

En la conclusión séptima del informe general sobre Rumasa, el coste de la privatización se cuantifica, a 31 de diciembre de 1987, en unos 652.000 millones de pesetas. Según el voto particular de los consejeros mencionados, dicho coste fue superior a los 792.000 millones.