El Gobierno trata de salvar su reforma procesal con una declaración de respeto al Poder Judicial

El Consejo de Ministros aprobó ayer, después de un intenso debate, un proyecto de reforma procesal y otro de actualización del Código Penal, que no fueron distribuidos ni en su versión íntegra, ni siquiera en los resúmenes que en circunstancias normales entrega la Oficina del Portavoz del Gobierno. La titular de esta última, Rosa Conde, y el ministro de Justicia, Enrique Múgica, concedieron una breve conferencia de prensa de la que se desprende que el Ejecutivo trata de salvar su reforma, tras las críticas recibidas por parte de fiscales, abogados y del propio Consejo del Poder Judicial. Múgica calificó el informe de este organismo de "no vinculante, pero sugestivo".

El fiscal va a recuperar con esta reforma los viejos usos caídos en desuso" que ya existían en la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de manera que podrá recibir denuncias, dar instrucciones a la Policía Judicial -que "no es sólo del juez", precisó Múgica- y llamar a comparecer a cualquier persona. No contestó a la pregunta de si los ciudadanos citados por los fiscales tendrán derecho a la asistencia de abogado. Sí aclaró que el ciudadano podrá negarse a acudir a la llamada del fiscal si un juez revoca la orden.El fiscal deberá renunciar a sus investigaciones cuando tenga conocimiento de que existe una instrucción paralela del juez. Múgica también mencionó la posibilidad de que los fiscales puedan archivar las diligencias abiertas por ellos cuando los hechos investigados no revistan caracteres de delito.

Múgica aseguró que el Gobierno ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo del Poder Judicial y de otras instancias, aunque en lo que se refiere al fiscal no ha seguido la recomendación del Consejo de que desaparezca toda referencia a la fiscalía en el anteproyecto de reforma procesal. El ministro se esforzó por demostrar que no se trata de "ampliar competencias", sino de "homogeneizar" (sic) lo que ya figuraba en otras leyes.

La diferencia entre la reforma aprobada ayer por el Gobierno y la prevista inicialmente es que el juez "puede recobrar en todo momento los elementos probatorios", dijo Múgica, quien no contestó al resto de las preguntas formuladas para precisar en qué se ajusta a la opinión emitida por el Poder Judicial.

Juzgados de lo Penal

De la información facilitada ayer -demasiado confusa para un asunto tan controvertido- quedó claro que el Gobierno crea órganos jurisdiccionales de carácter unipersonal, en contra de¡ criterio expresado por el Consejo del Poder Judicial, y amplía el procedimiento abreviado a todos los delitos flagrantes, aspecto también desaconsejado por dicho Consejo.Múgica abordó la explicación de esta parte con una referencia a la lentitud de la Administración de Justicia, provocada por "el abuso de la escritura". Puso el ejemplo de un sumario reciente, cuya vista oral ha durado dos meses después de una fase de instrucción que se prolongó tres años. Por esta razón, el Gobierno ha decidido crear un procedimiento abreviado para los delítos flagrantes y para todos los delitos penados con menos de seis años.

Asimismo se crean los Juzgados de lo Penal, que fallarán los delitos castigados con penas de hasta seis meses, así como los delitos flagrantes que conlleven penas de hasta seis años. En estos casos, la segunda instancia será la Audiencia Provincial.

Los delitos no flagrantes, castigados con penas de entre seis meses y seis años, serán fallados por un sólo magistrado de la Audiencia Provincial. Éste es uno de los puntos en que el Gobierno no hace caso al Poder Judicial. La segunda instancia, para este tipo de delitos, será el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a los delitos castigados con más de seis años, se mantendrá la situación actual: serán enjuiciados y fallados por una sala en pleno de la Audiencia Provincial, y la segunda instancia será el Tribunal Supremo. Por el contrario, el Gobierno ha tenido en cuenta ampliamente el informe del órgano de gobierno de los jueces, en lo que se refiere al Código Penal.

Error informativo

Enrique Múgica y Rosa Conde comparecieron ante los periodistas un cuarto de hora más tarde de la hora anunciada y abandonaron la conferencia de prensa cuando apenas había transcurrido media hora, alegando otras ocupaciones.Rosa Conde afirmó que el Gobierno había pedido la opinión del Consejo del Poder Judicial sin estar obligado a ello -en abierto desconocimiento de lo señalado por la vigente ley orgánica del Poder Judicial- y fundamentó en ese error la teoría de que el Gobierno "había creído necesario pedir la opinión de instituciones ajenas al Ejecutivo, como el Poder Judicial", antes de aprobar la reforma, que se contiene en dos proyectos de ley orgánica. Ha sido aplazado un decreto complementario.