¿Cataluña provincia única?

En la primera semana de octubre se celebró en el Parlament de Cataluña el debate sobre el programa del Gobierno de la Generalitat para los próximos meses. En el transcurso del mismo, el presidente Jordi Pujol apenas se refirió al tema de la posible transformación de Cataluña en una sola provincia y, en todo caso, confirmó lo que ya había dicho en el debate de investidura: que éste no era para él un tema políticamente urgente ni prioritario. Además, reafirmó que la tramitación parlamentaria del mismo se efectuaría, en su caso, por la vía de una ponencia conjunta de todos los grupos. Una semana después, el Gobierno de la Generalitat decidía presentar con carácter inmediato un proyecto de ley para convertir a Cataluña en provincia única.Uno se pregunta, primero, para qué sirven los debates de política general en el Parlament de Cataluña, como no sea para deteriorar todavía más la imagen de éste ante un Gobierno que lo toma literalmente por el pito del sereno. Uno se pregunta después por qué es ahora tan urgente un tema que hace una semana no lo era. Al margen de posibles explicaciones coyunturales, más o menos interesantes, creo que la explicación de fondo hay que buscarla en el propio desarrollo del debate parlamentario a que antes me he referido. En su transcurso, el secretario general del PSC, Raimon Obiols, planteó la necesidad de llegar a un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas catalanas para hacer frente a los grandes problemas de Cataluña. La respuesta de Jordi Pujol fue contundente: Muchas gracias, vino a decir, pero no necesito su colaboración, porque tengo mayoría absoluta en este Parlament; la única negociación que me interesa es con el Gobierno de Madrid, y ésta la quiero hacer yo solo, porque para eso cuento con la mayoría absoluta.

De acuerdo con este enfoque, ya ha habido en una sola semana dos iniciativas de CiU que, tal como se han planteado, tienen el único y exclusivo objeto de coger al Gobierno central a contrapié y situarlo, si cabe, a la defensiva: la proposición de ley para que en el Senado se puedan utilizar todas las lenguas cooficiales además del castellano y el proyecto de ley de provincia única para Cataluña. Subrayo lo de "tal como se han planteado", porque los dirigentes de CiU saben perfectamente que ambas iniciativas sólo pueden prosperar si están de acuerdo con ellas el Gobierno central y la mayoría parlamentaria socialista en las Cortes Generales y que, por consiguiente, si lo que se pretende es que dichas iniciativas tengan éxito, lo primero que hay que asegurar es dicho acuerdo. En cambio, las dos se han lanzado por sorpresa, como queriendo ganar terreno para negociar otras cosas que CiU debe considerar más importantes y, desde luego, con la habitual cláusula política de seguridad: que una posible negativa del Gobierno central sirva para demostrar a los catalanes, una vez más, que el Gobierno central y los socialistas en general son sus enemigos naturales e inmutables. Es el viejo y exasperante estilo de relación basado en la confrontación sistemática, un estilo que, dentro de Cataluña, convierte todas las discusiones políticas en discusiones sobre las esencias. En los próximos meses no se discutirá si la proposición sobre la pluralidad lingüística del Senado o la transformación de Cataluña en provincia única son convenientes o no, si están bien planteadas o no, si caben otras soluciones. Vamos a discutir, una vez más, sobre el ser o no ser de la catalanidad. Será buen catalán si denuncia la obstrucción malévola del Gobierno de Madrid; será mal catalán si acepta las razones de éste...

El pluralismo lingüístíco en el Senado sería muy saludable, pero introducirlo así, sin más, en las condiciones actuales, puede tener resultados muy discutibles y convertirse en un factor de crispación. En cambio, puede ser una medida muy positiva y creadora si se abordan otras reformas que refuercen el carácter del Senado como cámara de representación de las comunidades autónomas y su papel como órgano legislativo en lo relativo a las autonomías, tal como propugnan muchos partidarios de un desarrollo del Estado de las autonomías en sentido federal. Pero CiU se opone frontalmente a esto.

En cuanto al tema de la conversión de Cataluña en una sola provincia hay mucho que hablar. Siempre he pensado que la Constitución es demasiado rígida en la cuestión de las provincias, porque la estructura provincial está arraigada en algunas partes de España y no lo está mucho en otras. En algunas comunidades autónomas es indispensable para el propio funcionamiento de éstas, y en otras se podría prescindir de ellas. Por otro lado, aunque las provincias puedan funcionar bien como circunscripciones electorales o puedan ser divisiones territoriales aceptables para la Administración del Estado, no tienen por qué conllevar toda la parafernalia institucional, por ejemplo, de los Gobiernos civiles que perderían atribuciones de potenciarse la figura del delegado del Gobierno.

En esas condiciones, la transformación de Cataluña en provincia única, como vía para superar el obstáculo de la rigidez constitucional, tiene sus pros y sus contras, y no estoy nada seguro de que los primeros tengan más peso que los segundos. El primer y casi único pro es que permitiría simplificar algo la caótica situación de la Administración en Cataluña e iniciar la descentralización de la Generalitat, hoy inexistente. Pero inmediatamente uno piensa que la provincia única significará eliminar las provincias de Gerona, Tarragona y Lérida y, por consiguiente, aumentará el centralismo de Barcelona. A este respecto habrá que ver cuál es la opinión real de los ciudadanos de Gerona, Lérida y Tarragona ante la perspectiva de perder su condición de capitalidad. Y, a la vista de lo ocurrido con la creación de las comarcas, la desaparición de las provincias dejará el terreno libre para operaciones de tipo clientelar como la comarca¡, puesto que inmediatamente se procederá a la reproducción de las provincias, pero en forma de seis o siete regiones, con criterios decididos por la actual mayoría de CiU y con vistas a una futura ley electoral que asegure la mayoría absoluta a la propia CiU, aunque no tenga la mayoría de los votos, como ocurre ahora con los consejos comarcales. Además, la provincia única significará que Cataluña perderá 12 de los 16 senadores que ahora se eligen en sus cuatro circunscripciones y también verá disminuido el número de sus diputados en el Congreso. Desde otro ángulo, la desaparición de tres provincias y tres diputacíones permitirá a la Generalitat controlar los recursos financieros de éstas. Pero lo cierto es que las diputaciones están cumpliendo un importante papel en el terreno de la cooperación local, y hoy por hoy no hay ninguna seguridad de que el cambio redunde en beneficio de los municipios.

Cierto que la desaparición de las provincias es una de las grandes reivindicaciones del nacionalismo y que con una propuesta de este tipo CiU rehará un poco una imagen nacionalista que se empieza a deteriorar y hasta contará con el apoyo de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Pero, más allá de viejas o nuevas querellas, lo importante es que para resolver los problemas de Cataluña se requieren propúestas que sean realistas y eficaces que generen el más amplio consenso posible. CiU tiene mayoría absoluta en el Parlament, pero no en el conjunto de la sociedad catalana. Sin tener en cuenta esto, no se puede hacer ninguna política seria en Cataluña.