El ministerio analizó de madrugada el informe recibido

Altos cargos del Ministerio de Justicia estudiaban esta madrugada en la sede del departamento el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unas horas antes. En el edificio ministerial permanecían al menos el subsecretario, Liborio Hierro; el secretario general técnico, Fernando Pastor, y el director del gabinete del ministro, Joaquín García Morillo. Los retoques que se estudiaban para el Consejo de Ministros de hoy afectan esencialmente a la supresión de las nuevas atribuciones que se pretendía dar a los fiscales y a la policía judicial.Sin embargo, aspectos informados favorablemente por el CGPJ, como la actualización del Código Penal, podrían aplazarse, "dada la coherencia de todo el paquete legislativo", según altas fuentes de Justicia. Las mismas fuentes consideraron probable la supresión de los nuevos artículos 781 y 781 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan las nuevas funciones de los fiscales, y previeron que, en cambio, puede que se mantenga el nuevo artículo 786 para dicha ley procesal penal, sobre atribuciones a la policía judicial, ya que algunos de sus preceptos, dijeron, "resulta pedagógico recordarlos".

El aspecto más polémico -que regula las diligencias policiales a realizar- es el de la práctica del reconocimiento en rueda. Se prevé que la policía lo realizará en presencia de abogado y dejando constancia en el acta correspondiente. El mismo artículo deja a criterio de la policía que pueda prescindir del médico forense "si no se estima necesaria su intervención" en los hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor. El CGPJ objetó también las facultades de inspección ocular y de levantamiento de cadáveres y estimó que tales diligencias policiales carecen de valor probatorio.

Los juzgados de lo penal

La parte del anteproyecto de ley de reforma procesal penal que será probablemente mantenida es la que se refiere a la creación de los juzgados de lo penal, mediante la que se pretende dar respuesta a los problemas que suscita el cumplimiento de la sentencia de 12 de julio último del Tribunal Constitucional, sobre la incompatibilidad de instruir y juzgar una misma causa.

El anteproyecto prevé la atribución a estos nuevos juzgados de lo penal de la competencía para juzgar los delitos dolosos, menos graves y flagrantes. En caso de aceptar las observaciones del CGPJ, se atribuirá también a los jueces de los penal el conocimiento de los delitos no flagrantes a los que corresponden penas de hasta seis años de cárcel, que el anteproyecto atribuía al magistrado unipersonal de la Audiencia Provincial.