Asistencia social penitenciaria

La Comisión de Asistencia Social Penitenciaria (CAS), dentro de los límites que siempre imponen las disponibilidades presupuestarias, y contando con la dedicación de su personal, busca una solución positiva para casos difíciles, pero que en ninguna circunstancia suponen el abandono de sus acogidos.En este sentido, y respecto de la situación de la reclusa que responde a las iniciales M. S. S., excarcelada el 14 de septiembre del centro penitenciario de Oviedo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias informa que es rigurosamente inexacta la situación de desamparo descrita en EL PA1 S del 27 de septiembre (sección Cartas al Director).

Hay que señalar que un asistente social de la prisión de Oviedo gestionó y llevó a cabo, por petición expresa, poner a la reclusa en contacto con su letrado en el momento de su excarcelación. Ya con anterioridad se le había ofrecido albergarla provisionalmente en una pensión de Oviedo o en una residencia de Gijón con cargo a los fondos de la CAS.

Asimismo, con la Asociación Prisión y Sociedad Ramón de la Sagra, de Oviedo, se había acordado que gestionase la búsqueda de un piso de alquiler que sería pagado por la CAS de Asturias.

Dicha asociación manifestó que no era necesario, ya que disponía de dos viviendas en las que podía atender a la excarcelada y sus hijos.

El día 15, la liberada se personó en los despachos de la CAS indicando que estaba albergada en el domicilio particular de uno de los miembros de dicha asociación.

Ese mismo día, la CAS continúa las gestiones y acompaña a la interesada para el alojamiento de sus hijos en un centro dependiente de la Consejería de Sanidad y Acción Social del Principado, dando esta entidad todo tipo de facilidades. Pero la madre no acepta por incitarla a ello su acompañante, Asunción García Prendes Salvadores, firmante de la carta-denuncia al diario EL PAIS.-