El Congreso pide explicaciones por su actuación en el 'caso Amedo'

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, comparecerá en el Congreso para explicar su actuación en la causa que se instruye contra los policías José Amedo y Michel Dominguez por su presunta vinculación con los GAL, según acordó ayer la Mesa del Congreso, que a su vez denegó la comparecencia del ministro de Justicia. El centrista José Ramón Caso expresó el posible apoyo de su grupo a la investigación parlamentaria solicitada por Izquierda Unida.

La negativa a la comparecencia de Enrique Múgica se produjo con los votos en contra de José Ramón Caso (CDS) y de Antonio Carro (AP) y la abstención de Josep Maria Trias de Bes (Minoría Catalana). Los demás grupos entendieron que el ministro no tiene por qué responder de las acciones del fiscal.La petición de explicaciones a Javier Moscoso fue objeto de viva polémica en la Mesa del Congreso, suscitada sobre todo por el vicepresidente de la Cámara y diputado del CDS, José Ramón Caso. El reciente informe de los letrados del Congreso sobre la idoneidad jurídica y constitucional de una comparecencia parlamentaria del fiscal dio motivo a un debate, que algunos miembros de la Mesa calificaron de "artificial", sobre la base de que dicho informe, como todos los de esa naturaleza, no son vinculantes sino "ilustrativos". Este aspecto fue recalcado por el vicepresidente y diputado socialista, Leopoldo Torres.

Según la versión recogida por los medios de comunicación acerca del citado informe, los letrados opinaban que el fiscal no puede contestar en concreto sobre un asunto incurso en procedimiento judicial y sólo puede referirse a cuestiones generales. Miembros de la Mesa consideran errónea esa conclusión, puesto que, según dijeron, el informe es sólo una síntesis de declaraciones producidas por presidentes de comisión en años pasados, citadas a modo de precedentes.Los recelos de Caso -siempre según fuentes de la Mesa-, provenían del temor a que el presidente de la comisión de Justicia e Interior, Carlos Sanjuán, sí se sintiese vinculado a dicho informe técnico y lo aplicase estrictamente, de modo que el fiscal pudiera negarse a responder a las preguntas más directas.

En unas declaraciones realizadas ayer, el secretario general del CDS, José Ramón Caso, manifestó que el fiscal general del Estado debe renunciar a su cargo, "salvo que sea capaz de expli car lo que él mismo ha reconocido como. difícilmente explicable"

Caso afirmó que Moscoso ha perjudicado el principio de que el fiscal opera de ácuerdo con su propio estatuto. "No hay quien despeje la impresión de que su intervención ha tenido que ver con criterios e intereses del Gobierno", agregó. También adelantó que su grupo está dispuesto a apoyar la comisión de investigación parlamentaria solicitada por Izquierda Unida en tomo al caso Amedo, "siempre que se fijen adecuadamente sus objetivos".Críticas judiciales

Por su parte, el comité permanente de la asociación Jueces para la Democracia, en un comunicado sobre el caso Amedo, también resaltó ayer "la actitud gubernamental de cerrar filas, con su presidente a la cabeza, en torno a la cruda afirmación de que el Estado democrático necesita para defenderse de unos fondos reservados de ilegalidad", asícomo el comportamiento del fiscal general del Estado, elocuente partidario de un uso "flexiblerelajado del principio de legalidad".La asociación judicial progresista considera "penosa" la reciente declaración del ministro del Interior, según la cual "la ley no tiene por qué ser un límite a la acción de gobierno". Según Jue ces para la Democracia, estas ac: titudes propenden a caer "en la engañosa espiral", dice, "de que el poder legítimo puede a su vez legitimar y dar garantía de regularidad a cualquier práctica".En cuanto a la actitud de Moscoso, los jueces progresistas ironizan con lo que denominan su "recién nacida pasión por la libertad provisional", tras describir "las reticencias iniciales a contribuir con firmeza al ejercicio por el juez del papel que le corresponde" y el "definitivo alineamiento con las actitudes de obstrucción implícita e incluso explícita de la función jurisdiccional".