La Junta de Andalucía no incurrió en falsedad respecto a Costa Doñana, según el fiscal

El fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla, Alfredo Flores, dijo ayer que "no hay delito de falsedad" en el proceso de aprobación del plan urbanístico de Doñana. Izquierda Unida (IU) ofreció en julio pasado al fiscal documentos según los cuales el plan incluía en su texto final un párrafo que no aparecía en el período de información pública.

El párrafo en cuestión, que según los denunciantes favorece a la sociedad Costa Doñana, que pretende urbanizar la playa de Matalascañas (Huelva), dice que los terrenos tendrán la consideración de "urbanizable programado", en lugar de "urbanizable no programado", lo que implica sustanciales mejoras en cuanto a la edificabilidad y agilización del planeamiento. La previsión de ocupación de los terrenos estimada es de 15.000 a 20.000 plazas.El fiscal afirma que no hubo delito de falsedad, ya que no observó alteraciones en ningún documento con valor de trámite administrativo. "En ninguna copia autenticada aparece el párrafo", dijo Flores. El fiscal explicó que el párrafo sí apareció, en cambio, en dos borradores editados para la difusión del plan.

Mientras explicaba a los periodistas estos extremos, hicieron acto de presencia los denunciantes -el presidente de IU de Andalucía, Luis Carlos Rejón, y el secretario del PCA, Felipe Alcaraz-, que le entregaron una copia del documento finalmente aprobado por el Gobierno regional, donde sí aparece el citato párrafo, documento que el fiscal desconocía. "Esto no está previsto en el dictamen", dijo Flores ante la nueva situación, "aunque no parece que exista falsedad, porque el PDTC no obliga a calificar el suelo, sino en el plazo de un año, y siempre por parte de los Ayuntamientos".

El Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana (PDTC) es una norma de rango superior a los planes de ordenación urbana de los Ayuntamientos de la zona, que tienen que adaptarse a aquel, aunque Flores calificó de "ambigua" la relación legal entre los planes territoriales y los locales. El fiscal, que se comprometió a seguir la investigación, estimó, sin embargo, que el párrafo de la discordia "tiene trascendencia económica importante".

Texto definitivo

Posteriormente, Alcaraz y Rejón manifestaron que el dictamen de la fiscalía estaba basado en los documentos remitidos por el Gobierno andaluz, pero que entre éstos no estaba el texto aprobado definitivamente, que sí incluye la modificación.

Según IU, "el fiscal ha perdido tres meses de trabajo y ha sufrido una desobediencia por error o mala fe" que, según Alcaraz, es "un delito de falsedad procesal". Los dirigentes de este grupo político reiteraron la petición de una comisión parlamentaria de investigación, y se comprometieron a un debate público .para que aquellos que sientan su honor manchado, puedan limpiarlo", en referencia a la petición de comparecer ante el Parlamento regional del cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, que junto al abogado Jesús Bores -amigo del presidente del Gobierno- y al consejero delegado de la Expo 92, Jacinto Pellón, ha sido implicado en este asunto.