Veredicto en Gibraltar

El 6 de marzo pasado, tres terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) fueron abatidos en las calles de Gibraltar por miembros de las fuerzas especiales antiterroristas británicas, SAS. Las circunstancias de la acción fueron inmediatamente conocidas y debatidas. Se suponía que los tres terroristas habían llevado desde territorio español un automóvil cargado de explosivos, lo habían aparcado en el centro de la colonia y, consumados sus preparativos, regresaban a La Línea. Los miembros del SAS, que les venían siguiendo desde semanas antes, sin darles tiempo a que se rindieran (entre la voz de alto y los disparos apenas mediaron unos segundos; uno de los soldados ha declarado que, aunque ésa fue su intención, no está seguro de haber gritado "stop"), los abatieron sin contemplaciones. Alguno hubo que recibió más de media docena de balazos, todos por la espalda.Desde el primer momento, el Gobierno británico, y luego los propios soldados, declararon que la acción ocurrió tan rápida y contundentemente porque los terroristas, al hacer gestos -que se supone eran de rendición-, dieron la impresión de que podrían desenfundar sus armas o, lo que es peor, hacer funcionar un detonador que hubiera hecho estallar el coche-bomba. Ya el 7 de marzo, el ministro de Exteriores británico, Geoffre Howe, dijo en la Cámara de los Comunes que los soldados habían actuado en defensa propia y de la población gibraltareña, por más que luego se comprobara que los terroristas iban desarmados y que el automóvil no contenía explosivos. El veredicto de la investigación del forense, el coroner's inquest, ha sido precisamente ése.

Testigos presenciales

Desde el primer momento, sin embargo, el tema giró en torno a si las muertes eran necesarias, a si se habían producido como consecuencia de una política de shoot to kill (disparar a matar) que estaría aplicando el Gobierno británico en todos sus enfrentamientos con los terroristas y a si las autoridades conocían de antemano el propósito de los tres miembros del IRA. Desde luego, los testigos presenciales y los medios de comunicación manifestaron desde el principio -y una testigo, Carmen Proetta, fue especialmente contundente- que, en su opinión, más que de una acción militar, se había tratado de una ejecución deliberada de unos terroristas que levantaban las manos en señal de rendición. Que uno de los medios de comunicación, Thames Television, forzara la falsa declaración de un testigo para aportar detalles macabros a la escena (uno de los terroristas habría sido rematado por un soldado que le había colocado un pie en el cuello), condena el proceder ético de la cadena de televisión, pero no desmiente la cadena de acontecimientos.

Desde el primer momento, el Gobierno de Londres defendió la acción como inevitable y acusó a la Prensa de condenar a los soldados antes de que la investigación del forense hubiera emitido su veredicto. Parecía olvidar que los propios soldados habían condenado a los terroristas a muerte en un país en el que la pena capital está abolida. La acción militar, en efecto, no debería haber ocurrido. Conociendo los movimientos de los terroristas, éstos deberían haber sido detenidos en vez de muertos. Con ello, además de respetar el proceder normal de un Estado de derecho, se habría evitado consagrar inútilmente a tres mártires y se habrían evitado las muertes y desórdenes ocurridos días después con motivo de su entierro en Irlanda. En torno a ello, además, queda sin contestar satisfactoriamente un interrogante marginal: el de la participación de la policía española en todo el asunto.

'Coroner's inquest'

En el Reino Unido, cuando una muerte sobreviene por causas no naturales, se produce una investigación del forense. El coroner debe determinar cómo, cuándo y dónde ocurrió la muerte, y la conclusión puede ser una de las tres siguientes: que fue un homicidio justificable, que hay indicios de delito o que no puede alcanzarse veredicto. Si hay indicios de que se ha cometido un crimen, la investigación se suspende y pasa a manos del fiscal, que es a quien corresponde querellarse, aunque le esté vedado utilizar las conclusiones del inquest en la incoación del proceso. Si en las muertes intervinieron fuerzas de orden o si hubo riesgo para terceros inocentes, en el coroner's inquest interviene un jurado.

Esto es precisamente lo que ha pasado en Gibraltar, y no es necesario subrayar que el Gobierno británico tenía especial interés en que se declarara que la muerte a tiros de tres terroristas había sido legal. Primero, porque en caso contrario, sería difícil utilizar en lo sucesivo a las SAS en operaciones antiterroristas, y segundo, porque, de declararse que había indicios de actuación criminal por parte de los soldados, habría quedado probado que Londres aplica indiscriminadamente la política del shoot to kill, lo que equivaldría a reconocer que el Gobierno utiliza el asesinato como forma de retorsión antiterrorista.

El forense, Félix Pizzarello, terminadas cuatro semanas de una investigación que empezó el 5 de septiembre, recordó a los 11 miembros del jurado antes de que se retiraran a deliberar, que para alcanzar un veredicto de muertes con indicios de criminalidad tenían que estar absolutamente seguros de que los tres terroristas habían sido asesinados. Era evidente que las versiones dadas por los testigos presenciales y por los soldados y sus jefes habían sido completamente divergentes. En el fondo, probablemente para los jurados, en el momento de votar, oídos 70 testigos" y decenas de versiones diferentes y parciales, la disyuntiva no era ya si se había cometido un crimen, sino si las muertes habían sido fruto de una operación militar necesaria. El anónimo jefe de SAS no les dejó otra salida durante su declaración el pasado día 13: era cierto que los disparos habían empezado cuando aún no habían acabado los voces de apercibimiento, pero, una vez que los soldados habían empezado a disparar, "la intención era matar".

Sin indicios de criminalidad

Por nueve votos contra dos, el jurado declaró que en la acción que había tenido como resultado la muerte de Sean Savage, Danny el loco McCann y Mairead Farrell, tres miembros del IRA, no había habido indicios de criminalidad. Todo el mundo, menos los familiares de los muertos, respiró tranquilo.

El veredicto del forense deja sin contestar una pregunta clave. No se trata de saber cómo actuaron los sas, sino quién decidió que actuaran. No hay responsabilidad criminal, pero hay una responsabilidad política en Londres. Los manuales de guerra dicen que una emboscada ha tenido éxito cuando todos los enemigos han muerto; cuando se decidió que actuaran los sas, se sabía cuál iba a ser el resultado de su acción, porque para eso existe tal fuerza de elite. ¿No se podría haber detenido a los terroristas antes con mucho menos derramamiento de sangre? ¿Quién decidió que no ocurriera así? El ministro laborista en la sombra para Irlanda del Norte decía hace poco: "El Gobierno debería recordar que gran parte de su capacidad de acción en Irlanda del Norte reside, no en el hecho de que el pueblo británico esté fuertemente comprometido a que el Reino Unido permanezca allí, sino en que se opone a los métodos utilizados por el IRA".