Impuestos para pagar y evitar intereses
El repaso a la evolución de las grandes partidas del gasto público permite afirmar que una cantidad equivalente a toda la subida de la presión fiscal desde 1982 ha sido aplicada a pagar los intereses de la deuda pública y, desde 1986, también a reducir el déficit. Tal incremento se ha centrado exclusivamente en los impuestos, pues las cotizaciones sociales han permanecido estables en una cifra que casi permite cubrir todas las prestaciones sociales, en las que se registra una inflexión a la baja desde 1986 a pesar de que los principales colectivos destinatarios han crecido durante los últimos cinco años: más de un 50% los parados y un 20% los pensionistas.En concreto, mientras que el descenso del déficit en términos de necesidades de financiación absorbió en 1986 hasta una peseta de cada 100 producidas por la economía, para quedarse en 1987 otras 2,3, los interés de la deuda pública habían exigido entre 1982 y 1986 un aumento de recursos equivalente al 3% del PIB. El endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas, que ascendía a 6,1 billones en 1982 (incluyendo recurso no retribuido al Banco de España), era al terminar el año pasado de 15,3 billones de pesetas.
Consumo público
Sin embargo, la mayor partida de gasto para el conjunto de las administraciones centrales y periféricas es el consumo público. Dentro de éste las remuneraciones a los asalariados apenas han crecido en términos de PIB, aun cuando se presume un fuerte aumento de plantillas desde 1982 que el secretario de Estado de Hacienda supo cuantificar ayer. Borrell remitió a los periodistas a un informe donde sólo aparecen datos de 1987 y para las administraciones centrales, que ese año -considerado de freno en el incremento del empleo- elevaron sus plantillas el 17.. En las compras de bienes y servicios, que han crecido desde 192,2 en 0,7 puntos de PIB, una tercera parte son inversiones de carácter militar que se imputan como compras y sólo en 1987 crecieron un 32,6% (hasta 345.000 millones).
Es en el segundo gran capítulo del gasto público, las prestaciones sociales (subsidios de paro, pensiones, prestaciones sanitarias y ayudas a colectivos como ancianos sin recursos e inválidos, donde España ofrece la mayor diferencia respecto a la media de la CE, donde tales prestaciones superan el 20% del PIB, frente al 14,5% español. Pese al incremento de los colectivos subceptibles de recibir protección, estas prestaciones se redujeron en 0,4 puntos del PIB en 1986, de forma que ahora quedan sólo 0,4 puntos por encima de su nivel de 1982. Si en España ascienden a 14,5 por cada 100 pesetas producidas, la gran mayoría (hasta 13 pesetas) son financiadas por las cotizaciones de empresas y trabajadores.
La siguiente partida, los empleos de capital -inversiones públicas y transferencias de capital- se sitúa actualmente en niveles superiores a los europeos. Las inversiones públicas registraron desde 1982 hasta 1984 un retroceso de 0,6 puntos de PIB.
