Agricultura aplicará una política restrictiva para el abandono de tierras

La Administración española aplicará una política restrictiva a la hora de conceder los abandonos en la explotación de las tierras, según se desprende de las posiciones mantenidas por responsables del Ministerio de Agricultura con dirigentes de las organizaciones agrarias. Ni las jubilaciones anticipadas ni la aplicación de los abandonos afectarán a muchas personas ni superficies en una primera fase.

Tras el acuerdo definitivo adoptado a principios de año por la CE, se dio un plazo a los Estados miembros para que pusieran en marcha sus disposiciones nacionales para el abandono de las tierras antes del pasado 14 de julio. Este compromiso solamente lo han cumplido algunos países como la RFA y Holanda, donde se han fijado ya las ayudas y las superficies que deben abandonar la producción. En España, aunque la Administración tiene ya elaborada su propuesta, se han iniciado conversaciones con el conjunto de las organizaciones agrarias para conocer las posiciones del sector. Los contactos se van a prolongar durante algunas fechas a la espera de conocer las posiciones concretas del sector agrario.Aunque Agricultura no ha dado a conocer claramente sus posiciones, de sus planteamientos se deduce que no hay una decisión clara para aceptar unos abandonos de tierras generalizados. Lo más probable será que los abandonos se limiten a las tierras con producciones marginales o zonas deprimidas, clasificaciones que se harán con el máximo detalle y nunca englobando provincias completas. No hay interés en promoverla política de abandonos ante la posibilidad de que en un futuro la propia Comunidad fije cuotas de producción por países en función de las superficies de cultivos precedentes.

Para las jubilaciones anticipadas que también se deben poner en marcha, aunque la normativa de la CE contempla esa posibilidad a partir de los 55 años, en España parece que se aplicarla solamente desde los 62 o 63 años. Objetivo de organizaciones como CNAG-Jóvenes Agricultores es lograr que las jubilaciones supongan una modernización de las explotaciones.