Café para todos

UNO DE los datos más llamativos del sondeo de opinión sobre la situación de la educación en España realizado para este periódico por Demoscopia (ver EL PAÍS del 20 de septiembre) es, probablemente, ese 63% de la población española que considera muy o bastante probable que durante este nuevo curso escolar se repitan las huelgas de profesores. El dato es preocupante porque puede interpretarse como un síntoma más de las escasas esperanzas que la población española deposita en el normal funcionamiento de los servicios públicos. Si a ello se añade que el 66% de la población cree que la enseñanza privada es mejor que la pública y que la mayoría de los españoles considera que recibe en educación mucho menos de lo que paga en impuestos al Estado, se refuerza la general percepción negativa de ese servicio público esencial.Al comenzar el nuevo año escolar, el ministro de Educación, Javier Solana, se ha esforzado en llamar a la pacificación de las aulas y a la serenidad y armonía necesarias para que el sistema educativo funcione. Pero las declaraciones de buenas intenciones no bastan. Realmente, y aun en contra de lo que el propio ministro ha dicho también, el sistema educativo español está necesitando un considerable zarandeo y, cuando menos, un cambio radical en el planteamiento de algunas de sus estructuras fundamentales. La del sistema retributivo del profesorado es una de ellas.

El diálogo entre la Administración y los sindicatos de profesores, que ayer mismo se ha reanudado, puede ser un buen comienzo si ambas partes hacen buen uso de la experiencia acumulada en el curso pasado. Los responsables políticos de la educación tienen que saber que un profesorado insatisfecho es el peor punto de partida para cualquier mejora de la calidad de la enseñanza, que, al parecer, es el gran objetivo del actual titular del departamento. Pero los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo para demostrar a la opinión pública que la negociación sobre las legítimas reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza tienen que ser compatibles con las aspiraciones de los alumnos y de la sociedad en general de contar con una enseñanza mejor y más eficaz.

En este sentido, los sindicatos de profesores deberían reflexionar seriamente sobre un aspecto esencial del funcionamiento del sistema educativo, que tiene mucho que ver con aspectos vitales de la negociación que ahora emprenden. Nos referimos a esa equívoca defensa del igualitarismo retributivo a ultranza en que parecen empeñados. Una de las cosas que menos comprenden los usuarios de los servicios públicos en general, y muy especialmente del servicio de la enseñanza en todos sus niveles, es la radical injusticia que representa el hecho de que perciban el mismo salario el profesor que se limita a entrar en clase, si es que lo hace así, todos los días del curso y aquel otro que se esfuerza continuamente en mejorar sus métodos de trabajo, que innova, que investiga, que se entrega a sus alumnos con todas sus fuerzas y que, en definitiva, obtiene mejores resultados de su trabajo.

La bandera del cuerpo único de enseñantes y, por contra, la radical oposición a la llamada jerarquización de los profesores, sin duda tiene bastante gancho entre la gran masa del funcionariado docente, pero, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede convertirse en la ruina definitiva del sistema. Según se ha anunciado recientemente, la Administración educativa se propone modificar el sistema retributivo del profesorado universitario en la dirección de premiar la diferencia entre la calidad del trabajo docente e investigador de unos y otros. El que sea realmente difícil establecer de un modo objetivo esas diferencias no justifica en modo alguno el enquistamiento en una política salarial que favorece la mediocridad, la apatía y la desilusión.