Barrionuevo asegura que su teléfono fue 'pinchado' durante el Gobierno de Suárez

El ministro de Transportes, José Barrionuevo, aseguró ayer en los pasillos del Senado que su teléfono fue pinchado durante la etapa de Gobierno de Adolfo Suárez cuando era concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. El ministro respondió concretamente a un informador. "Es cierto que existen expedientes de investigación sobre mí y otras personas. Es cierto que algunos documentos de investigación eran del período que usted dice" [la etapa en que Suárez presidía el Ejecutivo].

El periodista le había preguntado previamente, refiriéndose a una información que esta semana publica la revista Interviu, si su teléfono, cuando estaba en la oposición, "había sido pinchado por Adolfo Suárez".En otro momento, Barrionuevo mostró su apoyo al presidente de Telefónica, Luis Solana, a quien considera idóneo para llevar adelante los objetivos de mejora del servicio que el Ejecutivo tiene previsto. Preguntado por las escuchas telefónicas denunciadas por la revista Tiempo de las que han sido objeto políticos y sindicalistas, Barrionuevo dijo: "Confio en que se aclaren estas denuncias o presuntas irregularidades. Tengo mucho interés en que se aclaren. Si hay irregularidades debe haber responsabilidades y si lo que ha habido han sido ligerezas, también", informa Anabel Díez.

Por otra parte, Luis Solana, invitó ayer al defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, a que visite las instalaciones de Telefónica para comprobar su sistema de seguridad. Solana, que se entrevistó con el defensor durante hora y media, declaró que está deseoso de que los técnicos de su empresa, "que son los que más saben del tema", y los de Tiempo realicen un barrido conjunto "para eliminar esta nota de duda que flota en el aire respecto a Telefónica". Solana agregó que una cita anterior para realizar dicho barrido ante notario no pudo realizarse ya que las dos personas que se presentaron como técnicos de la revista se negaron a identificarse, además de no llevar ningún tipo de equipo técnico, según informa Emma Roig.

Telefónica ha potenciado la seguridad de sus instalaciones desde 1982 a 1988, según explicó su presidente. Mientras en 1982 dedicó 78 millones a la seguridad de las instalaciones fijas y 90 millones para vigilantes jurados, estas cifras aumen taron durante este año a 880 millones y 1.000 millones, respectivamente. "Telefónica va a personarse en el juzgado por que tiene más interes que nadie en que esto se aclare", agregó Solana.

De su lado, Álvaro Gil-Robles pidió a los ciudadanos que tengan alguna duda sobre posibles escuchas que lo comuniquen a la institución que él encabeza.

Declaración ante el juez

Por otra parte, el director de Tiempo, José Oneto, y los re dactores de esa revista Jordi Gordon y Paloma Muñoz declararon ayer ante el juez de instrucción número 9 de Madrid, Jesús Fernández Entralgo, en la querella presentada por el CDS por el caso de las escuchas.

Oneto explicó al juez la génesis del reportaje y le garantizó la aportación a la causa de las actas notariales en las que consta que técnicos en telefonía aseguraban que los teléfonos de Adolfo Suárez, Antonio Gutiérrez, Pablo Castellano, José Mario Armero y Gerardo Iglesias estaban intervenidos. El director del semanario indicó que la idea se le ocurrió a raíz de la publicación en EL PAÍS de las escuchas telefónicas a Rafael Pastor Ridruejo, que nunca se aclararon. Los autores del reportaje contactaron con varias empresas de seguridad para estudiar los presupuestos y elaboraron una lista de 24 personas susceptibles de tener los teléfonos pinchados. Tres personas, Miquel Roca, Alberto Ruiz Gallardón y Apolinar Rodríguez, se negaron a que se realizaran las comprobaciones.

Los barridos se realizaron en dos fases, una a fines de julio y la última a fines de septiembre. Cuando dieron resultado positivo las escuchas realizadas en septiembre, decidieron publicarlo.

Los autores del reportaje, Jordi Gordon y Paloma Muñoz, destacaron que la iniciativa partió de ellos, no de los políticos, y se negaron a revelar la identidad de los técnicos que efectuaron las inspecciones.