¿Escuchas?

EN EL tortuoso camino que la Compañía Telefónica ha dispuesto entre nuestros aparatos y sus terminales, prácticamente cualquiera puede escuchar las conversaciones de los usuarios por medio de cada vez más accesibles instrumentos de interferencia que, además, no dejan rastro. La Telefónica asegura ahora que los aparatos supuestamente intervenidos, según denunciaba un semanario, estaban en regla, pero técnicos de la compañía habían confesado con anterioridad su impotencia para detectar determinados sistemas de intervención. ¿0 es que el señor Solana esperaba encontrar las pinzas y esparadrapos de las viejas películas de espías? Por su parte, el Gobierno permaneció indiferente ante las denuncias, hasta que ayer el presidente declaró que se va a investigar y se van a exigir responsabilidades. Horas más tarde, y ya con el informe exculpatorio de Telefónica en sus manos, la Oficina del Portavoz comunicó que el Gobierno ponía el caso en manos del Fiscal General del Estado.Iniciativa tan loable como tardía, porque lo que se está infringiendo, si los hechos denunciados son ciertos, no es una norma menor, sino un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Se trata además de un derecho que "vincula a todos los poderes públicos", de acuerdo con el artículo 53 de la propia Constitución. El Estado dispone de una compleja maquinaria de control de los ciudadanos, de sus movimientos, de sus cuentas bancarias, de sus infracciones de circulación. Los medios técnicos que el poder político puede utilizar en su acción cotidiana son de un incalculable alcance. ¿Sería mucho pedir que todo ese esfuerzo tecnológico dirigido al control de la vida de los ciudadanos se pusiese al servicio de la defensa de los derechos constitucionales de esos mismos ciudadanos?. En el caso que ahora nos ocupa, además, no se trata ya de simples ciudadanos de a pie, cuya protección obliga en cualquier caso a las autoridades, sino de personalidades relevantes de la política, dirigentes sindicales y destacados profesionales, gran parte de los cuales representan a otros muchos en el ejercicio de una actividad pública igualmente garantizada por la Constitución. La protección de esas personas, en tanto que depositarias de la confianza de sus representados, compromete en mayor medida al Gobierno. Eso sin contar con la razonable sospecha de que sean sus oponentes o rivales políticos quienes se aprovechen de la Información por tales métodos obtenida. Al proteger su intimidad no se está garantizando exclusivamente el ejercicio de un derecho privado, sino también, y muy principalmente, la limpieza del juego político y sindical.

Las sospechas sobre la intervención de las comunicaciones de determinados ciudadanos más o menos relevantes, aunque en el caso actual no pudieran demostrarse efectivamente, no deben considerarse, sin embargo, el fruto de la paranoia de algunas personas. Vienen avaladas por la existencia de comprobados casos de espionaje de partidos políticos investigados por los tribunales. En el caso más notorio, detectado hace más de tres años, y del que fueron víctimas Alianza Popular, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Popular, el juez consideró probado que fue la policía quien espió, y trata ahora de determinar si los métodos utilizados eran legales o ilegales. La existencia de ese espionaje quedó suficientemente probada en el caso del inspector Medina, actualmente procesado por "infidelidad en la custodia de documentos públicos". Tales documentos no eran otra cosa que decenas de fichas policiales y otros informes sobre personalidades y partidos políticos.

El Estado, sin necesidad de recurrir a los desagües, dispone de medios excepcionales, pero legales, para la investigación y represión de los delitos, incluida la intervención telefónica, bajo control judicial, en determinados supuestos. Esos medios están perfectamente definidos en la propia Constitución. Ningún caso, por grave que sea, puede justificar, entonces, salirse de esas fronteras. Pero la responsabilidad del Gobierno no se detiene en la observancia por su parte de la legalidad, sino que se extiende a la garantía de su respeto por cualquier otra persona física o jurídica. Si el Estado garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, en modo alguno puede el poder político escudarse en la complejidad de la tecnología para dimitir de sus responsabilidades: la seguridad jurídica de los ciudadanos y la transparencia de la vida política así lo exigen.