Que concertación

CON EL comienzo del curso político reaparece en escena la concertación económica y social. Y, una vez más, las declaraciones públicas de sus protagonistas han hecho que las conversaciones se vayan a reiniciar en un ambiente de crispación y, sobre todo, en medio de bastante confusión. Como ya ocurrió en 1987, la iniciativa del presidente del Gobierno en busca de un gran acuerdo a dos o tres años, a pesar de contar con el señuelo de un pacto sobre empleo y de un esfuerzo en política social, ha caído en saco roto. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, no están dispuestos ya a firmar un cheque en blanco a la política económica del Gobierno.La situación actual se reduce a buenas intenciones oficiales en la negociación de ciertos aspectos presupuestarios, duras posiciones de partida de los sindicatos y una clara declaración de la patronal de abrir un doble diálogo con el Ejecutivo y las centrales sindicales con fines diferentes. Las seis mesas de negociación pactadas del verano han avanzado muy poco o casi nada, y se acerca la fecha fatídica del 30 de septiembre, límite de presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado al Parlamento, sin perspectivas de llegar a acuerdo alguno. Las tres que ya funcionan (reforma del Instituto Nacional de Empleo, cobertura de desempleo y funcionarios) se encuentran en estos momentos en una situación delicada y las tres restantes (pensiones, empresa pública y contratación) ni siquiera se han convocado.

Gran parte de los fracasos registrados en los dos últimos años se debe a la confusión producida por la superposición de distintas concepciones de concertación en una especie de equívoca danza de interlocutores que se mueven en dos y hasta tres escenarios distintos. Un nuevo modelo de concertación debería comenzar por separar, para obtener buenos resultados, al menos las tres posibilidades negociadoras que se cruzan ahora: la que se produce entre empresarios y traba adores, para fijar las bases de un posible acuerdo para la negociación colectiva de cada año; la concertación institucional, con participación de Gobierno, patronal y sindicatos, y lo que se ha dado en llamar la concertación permanente.

La negociación colectiva tradicional es la que está planteando en estos momentos la patronal. Los empresarios ofrecen por primera vez la posibilidad de negociar la participación de los sindicatos en los órganos de representación de las sociedades y la idea de fijar una banda amplia salarial, aun a riesgo de recibir represalias oficiales, vía política monetaria. Ese modelo de concertación debería ser tenido en cuenta por UGT y CC OO para obtener el máximo de beneficios sociales en unos momentos en los que las empresas cuentan con una situación económica boyante.

La llamada concertación institucional no debería incluirse en los esquemas tradicionales de negociación. La gran mayoría de los países occidentales cuenta con los órganos pertinentes para plantear las reformas institucionales en cada momento. En España, ese órgano -además del Parlamento, por supuesto- está constitucionalmente definido en el Consejo Económico y Social. Un organismo que, 10 años después de aprobada la Constitución, sigue sin crearse.

Si el Gobierno, los sindicatos y la patronal están dispuestos a retomar el camino de la negociación con unas mínimas garantías de éxito deberían replantearse las estrategias, olvidarse de las descalificaciones públicas y de los monopolios de la actuación responsable, y sentarse a negociar de forma planificada. En caso contrario, éste será el tercer curso político sin pacto de ningún tipo. Y eso no conviene a nadie.