El intendente de Santiago limita las manifestaciones políticas

El intendente de la región metropolitana, general Sergio Badiola, anunció nuevos límites al derecho de reunión en Santiago, que fue concedido con el fin de los estados de excepción. De acuerdo a un decreto dictado en 1983 -que sigue vigente-, los organizadores de una concentración deberán pedir permiso hasta 48 horas antes, expresando las razones del acto y responsabilizándose por los daños. Una comisión del Gobierno estudiará la petición, y si bien no podrá negar el permiso, podrá cambiar el lugar solicitado.La medida del Gobierno, aunque oficialmente fue determinada por las pintadas murales y un robo a una tienda después de la multitudinaria concentración opositora del 4 de septiembre, está destinada, según los políticos, a contrarrestar la campaña del no, basada en actos públicos. El miembro de la Junta y jefe naval, José Toribio Merino, sostuvo que en las manifestaciones de la oposición "la tropa de humanoides se desata por las calles", calificativo que usa para hablar de los marxistas.

Cada aparición pública del candidato Augusto Pinochet, si está prevista, se ha transformado en un calvario para el general. El miércoles, cuando Pinochet asistió a una misa en conmemoración por los cinco escoltas muertos durante el frustrado atentado contra su vida, en 1986, medio centenar de sacerdotes, religiosas y seminaristas cantaron el Himno del no y tocaron cornetas a un costado de la iglesia. Los guardaespaldas del dictador golpearon a dos de los manifestantes, y partidarios del régimen le gritaron a una mujer "monja comunista". La televisión censuró estas escenas.

Los asesores del candidato sostienen que la falta de actos de masas no refleja poco apoyo a Pinochet, sino que éste tiene respaldo de las llamadas mayorías silenciosas. La campaña oficial prosigue en forma intensa. La noche del miércoles, el Gobierno anunció otra medida para captar votos en Santiago y Valparaíso, las ciudades con más opositores, según las encuestas: condonó el 90% de las deudas de agua y alcantarillado, lo que favórecerá a 200.000 familias de bajos ingresos.