El Gobierno desconoce el número de presos que han muerto de modo violento en la cárcel

El Ministerio de Justicia no dispone de datos sobre el número de reclusos que han muerto de manera violenta durante los últimos años, según manifestó ayer un portavoz del departamento. Ante la decisión del Tribunal Supremo de reconocer el derecho a una idemnización de cuatro millones de pesetas a los familiares del preso Nicolás Antonio Capelo, acuchillado en la prisión de Carabanchel (Madrid) en mayo de 1979, la misma fuente declaró: "No hay comentarios respecto a la sentencia del Supremo; se va a acatar y cumplir". Justicia debe proceder a analizar su banco de datos para determinar la cifra de internos que han fallecido violentamente en prisión, añadió el portavoz ministerial.

En su sentencia del pasado 15 de julio, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo establece por primera vez la responsabilidad patrimonial del Estado en la muerte de un preso. Capelo, un interno preventivo que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos, fue atacado por un grupo de suramericanos ingresados en Carabanchel, tras una reyerta con presos españoles. Al menos dos de los cuatro agresores le acuchillaron en el patio de la cárcel, causándole la muerte.

El Supremo considera que el Estado incumplió patentemente su obligación de mantener a los presos en condiciones de dignidad y seguridad, como reconoce la Constitución.