El Gobierno espera que el secuestro de Revilla termine"feliz y sin mayores daños para la sociedad"

La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, manifestó ayer, tras la primera reunión del Consejo de Ministros después de las vacaciones del verano, "la amargura porque no se haya conseguido una solución, sea cual sea, al secuestro de Emiliano Revilla", a la vez que defendió que el Gobierno "debe impedir que el dinero de un rescate llegue a los secuestradores. Queremos un final pronto y feliz y sin mayores daños para la sociedad". El Consejo aprobó obras en carreteras por valor de 30.000 millones de pesetas.

Rosa Conde declaró que "no ha habido ningún intento de diálogo con el Gobierno o el PSOE por parte de la organización terrorista ETA". En relación con la solicitud de colaboración hecha por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, a su homólogo francés Roland Dumas, durante la reciente estancia de éste en Madrid, para que Francia evite una posible ofensiva de ETA en este otoño, precisó que no tenía más información que los comentarios de ambos ministros. "Lo que el Gobierno espera de esta banda", apostilló, "es que adopte una actitud más acorde con su anunciada voluntad de diálogo".Interrogada acerca de si el Gobierno quiere aislar políticamente a HB, precisó que "el Gobierno no puede utilizar contra ningún partido procedimientos que no sean estrictamente democráticos. Por tanto, no va a tomar medidas, pero sí que esperamos que los ciudadanos entiendan que tras las manifestaciones de ese partido hay un apoyo a los terroristas".

El Gobierno, según su portavoz, "está molesto" con la actitud del presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, al no invitar a una reciente recepción oficial al delegado de la Administración central, Julen Elgorriaga, y al gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu.

"No hay petición formal"

La portavoz gubernamental precisó que "a la mesa del Consejo de Ministros no ha llegado ninguna petición formal" de clemencia para que el ex general Alfonso Armada sea indultado. "Sería imprudente hablar de esto", agregó, "cuando no ha habido un debate político al respecto".El Consejo de Ministros nombró ayer directora general de Protección Civil a Pilar Brabo Castells, de 45 años, hasta ahora gobernadora civil de Castellón y durante muchos años destacada dirigente del PCE. Miguel María Muñoz Medina, de 44 años, ha sido confirmado como director general de Tráfico, puesto que desempeñaba en funciones desde que falleció Rosa de Lima Manzano, su predecesora.

También a propuesta del Ministerio del Interior, el Consejo designó gobernador civil de Vizcaya a Daniel Vega Balandrón, de 29 años. Asesor jurídico de la federación del metal de la UGT de Vizcaya, hasta ahora desempeñaba la dirección de gestión del servicio de salud del Gobierno vasco.

El Gobierno nombró subsecretario del Ministerio de Educación a Javier Matía Prim y secretario general técnico de este departamento a María Concepción Toquero Plaza. Carmen Maestro Martín fue designada directora general de Centros Escolares. José Cándido Paz-Ares Rodríguez fue nombrado director general de los Registros y del Notariado, y Gregorio Mañez Vindel, director general del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Guillermo Uña Martín y Enrique Guerrero Salom fueron designados director del gabinete de la portavoz del Gobierno y del ministro de Educación, respectivamente.

El Consejo de Ministros aprobó la contratación de obras públicas en carreteras por un importe conjunto de unos 30.000 millones de pesetas, de los cuales casi la mitad están destinados a la red viaria en la provincia de Sevilla y, en particular, a la circunvalación de la capital, a la que se dedican 12.000 millones de pesetas.

El Ejecutivo destinó 1.800 millones de pesetas para duplicación de la calzada en el tramo Castellolí-El Bruch, de la autovía Igualada-Martorell, y una cantidad semejante para el tramo Oropesa-Navalmoral de la Mata, en la autovía de Extremadura. El Gabinete aprobó, asimismo, la contratación de obras para la estación de ferrocarril Madrid-Atocha que supondrán una inversión de 6.000 millones.

El Gobierno autorizó la urgente ejecución de 19 obras de acondicionamiento de tramos de cauces fluviales en el País Vasco dañados por las inundaciones del mes de julio, con una inversión de unos 500 millones de pesetas. Asimismo, el Consejo aprobó un real decreto por el que se incluyen pruebas de conocimiento del euskera en los exámenes de acceso a la universidad en el País Vasco.