La policía, gran ausente

Los cuerpos de policía del Estado son los grandes ausentes de la investigación sobre el asesinato de Santiago Brouard, tras las gestiones iniciales del comisario Antonio Rosinos con un confidente, conocedor del atentado y de sus autores antes de que se perpetrara. Desde el traslado de Rosinos a Vigo, en 1985, los policías encargados de la investigación no han propuesto una sola prueba ni se han dejado ver siquiera por el juzgado correspondiente, según fuentes vinculadas al sumario.A esta pasividad policial pudiera no ser ajena la sospecha de que existen implicaciones de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el atentado. El fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao, Fermín Hernández Villarroya, que se responsabilizó del sumario durante parte de su instrucción, dijo en julio de 1986 que la muerte de Brouard "no fue un trabajo hecho por la policía como institución".

Hernández Villarroya, al borde del final de su carrera, abandonó poco después, a petición propia, la fiscalía de Bilbao y se trasladó a la de Teruel. Se había hecho cargo de la acusación pública en enero de 1985, tras el apartamiento del caso del fiscal Emilio Valerio Martínez.

Este fiscal había provocado una tormenta política en el Gobierno con el envío a los servicios secretos civiles y militares, a fines de 1984, de oficios preguntando si conocían de antemano el plan para acabar con el dirigente independentista. El malestar en los servicios de información y en Interior provocó su cambio. Según el joven fiscal, de 28 años, un confidente de un organismo oficial de infórmación conocía de antemano los planes para asesinar a Brouard. Rosinos ha acusado después a Valerio de haber desbaratado la operación para capturar a los asesinos de Brouard.

Según Rosinos, poco después del crimen se puso en contacto con él una persona que le ofreció revelarle la identidad de los autores del atentado a cambio de dinero. El policía afirma haber comprobado el grado de conocimiento del confidente sobre el caso. Pero éste rompió la comunicación tras las declaraciones de Valerio, según Rosinos. Ahora, el representante de la acusación pública en este sumario es el fiscal jefe de la Audiencia de Bilbao, Jesús Cardenal.