La fiscalía da la razón al juez Garzón en la polémica sobre los fondos reservados

La fiscalía del Estado ha dado la razón al juez Baltasar Garzón en la polémica mantenida en los últimos meses con el Ministerio del Interior sobre los fondos reservados de este departamento, según se desprende del escrito de alegaciones del ministerio público enviado ayer a la sala de la Audiencia Nacional. En el mismo escrito, el fiscal Ignacio Gordillo pide el procesamiento del subcomisario José Amedo Fouce y del inspector Michel Domínguez Martínez al entender que existen "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de los policías relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).El fiscal Gordillo considera "acreditada la interrelación circunstancial entre la utilización de fondos reservados del presupuesto del Ministerio del Interior y las andanzas de dichos funcionarios relacionados con los GAL [Amedo y Domínguez]". Todo ello "justifica suficientemente las iniciativas del juez instructor [Baltasar Garzón] de inquirir datos respecto a la cuantificación, diversificación funcional y otras de circunstancias significativas de la percepción de fondos de aquella naturaleza por parte de los mencionados funcionarios", agrega la fiscalía. El ministerio público califica de "capítulo fundamental" en la investigación sobre los GAL 1a identificación de las fuentes de financiación".

Pruebas para el procesamiento

"El fiscal no trata de minimizar el interés público de la seguridad nacional, ni puede dejar de reconocer la obligada existencia de zonas de opacidad informativa en interés de la estabilidad del Estado. Pero de este principio no puede seguirse el aceptar con automatismo resignado que el juez penal que investiga hechos delictivos de extrema gravedad, y tiene elementos fundados de convicción para creer que existe material probatorio de esencial valor informativo en un departamento de la Administración, tenga que inhibirse mecánicamente de la investigación emprendida al ser notificado de que su pesquisa incide en el área de cobertura de una materia clasificada", añade el escrito.Por ello, la fiscalía propone para superar el enfrentamiento una "cooperación entre los poderes públicos". Así, Ignacio Gordillo sugiere en su escrito que el presidente del Tribunal Supremo, en la actualidad Antonio Hernández Gil, sea el interlocutor con el Gobierno para recabar los datos necesarios sobre los fondos reservados.

Por último, la fiscalía pide que el juez Garzón continúe instruyendo las diligencias que estime oportunas y solicita que a través de comisiones rogatorias con las autoridades judiciales francesas se investigue una serie de hechos delictivos de los "que pudiera deducirse algún tipo de vinculación de los aquí imputados: José Amedo y Michel Domínguez". Así, sugiere que se indague en el secuestro de Segundo Marey y los atentados contra Tomás Pérez Revilla, Fernando Biurrun y el establecimiento Mon Bar de Bayona (Francia).