Concesiones encubiertas

LOS DESMEDIDOS escrúpulos mostrados por el legislador a la hora de evitar concentraciones de poder empresarial o perturbadoras influencias extranjeras en las futuras televisiones privadas de nuestro país parecen dar paso a la más absoluta permisividad cuando de lo que se trata es de alquilar al mejor postor las televisiones públicas.Viene esto a propósito del mercadeo que se trae entre manos el representante de una multinacional italiana de televisión con el objeto de establecer sólidas cabezas de puente dentro de las televisiones autonómicas españolas, todas ellas de titularidad pública. Como, según lo establecido en la ley del tercer canal, la propiedad de esos medios no se puede abrir al capital privado, los acuerdos a los que se está llegando -y los que se están negociando para el futuro- obvian el asunto mediante contratos de coproducción o colaboración que, en la práctica, entregan al nuevo socio una porción de control sobre ese medio que nunca tendrán los accionistas individuales de un futuro canal privado, cuya participación se limita al 25%.

Véanse, si no, los términos de las ofertas que dos grupos españoles y el italiano Fininvest hacen a Radio Televisión Madrid (RTVM) para poner en marcha el canal autonómico madrileño. De acuerdo con esas propuestas, las empresas se harían cargo de la producción y coproducción de programas, de la emisión de películas y series cuyos derechos se obtengan para España, del alquiler de estudios y material técnico, y de todos los equipos necesarios para trabajar sin que el ente titular tenga que hacer otra cosa, aparentemente, que sentarse frente a la pantalla. Se le garantiza, eso sí, el control de los contenidos, y en el caso de la oferta italiana se le ofrece además publicidad de la comunidad autónoma madrileña en las televisiones extranjeras que el grupo controla.

De esta manera, la propiedad no se pone en causa, pero las condiciones en las que podría cerrarse un acuerdo semejante suponen de hecho una concesión encubierta sobre una televisión pública. Algo parecido ya ha hecho el grupo Berlusconi con las televisiones públicas vasca y catalana, pero en el caso de la de Madrid la situación sería mucho más curiosa: RTVM no dispone de medios de producción ni de equipos alternativos, con lo que se convertiría, en la práctica, en un rehén del concesionario. La televisión pública socialista gallega y la televisión pública socialista andaluza parecen dispuestas a seguir los mismos pasos. En realidad, lo que está haciendo el Gobierno con ello, y con la ayuda de una iniciativa privada no preocupada por el contenido de los programas, es organizar una inmensa red de propaganda a su servicio utilizando para ello el dinero y el derecho de todos.

No nos parece criticable la actitud del empresario italiano, que ha demostrado ser un verdadero genio de los negocios, y que en su derecho está de aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece. Pero conviene señalar que esto se produce en un país en el que el Gobierno ha obstaculizado, retrasado y limitado como ha podido las iniciativas privadas de televisión con límites intolerables que en los contratos ahora negociados no aparecen: rígidas cuotas de producción propia y de países de la CEE, un elevado porcentaje de emisión de programas de expresión original española y una proporción limitada de tiempos publicitarios.

Aferrado a la idea del servicio público y despreciando, como acostumbra, el respeto a la libertad de expresión que la Constitución garantiza, el Gobierno socialista está generando un modelo de televisión que no cuadra en absoluto con las necesidades de la ciudadanía ni con las exigencias de la democracia. Y lo que al final se debate es la forma en que todas las televisiones, privadas o públicas, sean gobernadas finalmente por la larga mano del poder.