Primera condena a prisión para un empresario por delito fiscal

El empresario catalán José Sala Albareda, propietario y gerente de Corbiplast, SA, ha sido el primer condenado a una pena de prisión por delito fiscal en España desde la reforma del Código Penal de 1985, que agravó considerablemente las penas en esta materia. La condena, coincidente con la petición del fiscal, es de tres años de prisión y multa de 50 millones de pesetas.La Audiencia de Barcelona ha condenado a José Sala por dos delitos distintos. En primer lugar, a dos años de prisión por un delito continuado contra la hacienda pública entre los años 1984 a 1986, en los que defraudó 46.446.985 pesetas. También le ha sido impuesta una segunda condena, de un año de prisión, por un delito de apropiación indebida al haberse apoderado de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de sus trabajadores sin liquidarlas posteriormente al Tesoro. Asimismo, la sentencia condena a este empresario a una multa de 50 millones de pesetas, con 180 días de arresto sustitutorio. Además le prohíbe por tres años obtener subvenciones públicas, créditos oficiales o beneficios fiscales.

La sentencia declara probado que el propietario de Corbiplast SA, empresa del sector del plástico que suspendió pagos en 1986, no ingresó en 1984 los 9.698.750 pesetas que debía haber pagado en concepto de ITE (Impuesto sobre el Tráfico de Empresas), ni tampoco los 11.644.087 pesetas que debía por este mismo concepto en 1985. Asimismo, dejó de ingresar 19.314.388 pesetas en 1986 en concepto de ventas sujetas al IVA. En 1985 no pagó al fisco los 5.789.770 pesetas del IRPF retenido a los trabajadores.

Necesidades

La sentencia de la sección primera de la Audiencia de Barcelona califica la defraudación al erario como de "mendaz actividad llamada a la burla de compromisos cívicos que a todos nos obligan". Por último, la sentencia declara que no tiene valor exculpatorio el argumento de la defensa de que el empresario dejó de ingresar esas cantidades debido a un estado de necesidad, nacida de la supuesta prioridad dada a la inversión en utillaje y a los salarios, a causa de la crisis que atravesaba la empresa.

En este sentido, la sentencia dice que "dado el importante giro de la empresa, tales necesidades, si existían, tenían que estar previstas en el escandallo [determinación del precio de coste o de venta de una mercancía con relación a los factores que la integran] ".

La querella por el supuesto fraude de Corbiplast, SA fue una de las 26 presentadas por la fiscalía de la Audiencia de Barcelona, que está a la cabeza de la represión del fraude fiscal en España. Todos estos procedimientos criminales se incoaron a petición de la Delegación de Hacienda.