Ceuta y Melilla forman parte "indisoluble" de España, según los proyectos de autonomía

Ceuta accederá a su autogobierno "como parte integrante de la nación española y dentro de su indisoluble unidad", según el anteproyecto de estatuto de autonomía de dicha ciudad, que el Gobierno remitió la semana pasada a Alianza Popular y al CDS. Idéntica afirmación se hace respecto de Melilla en otro anteproyecto de estatuto, expresada en los mismos términos. El Estado garantiza además "la suficiencia financiera" de ambas autonomías, y para ello, los estatutos prevén un sistema equiparable al de otras comunidades, por un plazo de cinco años, que será revisable sólo en casos restringidos.

El Ejecutivo se había comprometido a trasladar ambos textos a AP y al CDS, y a contestarles sobre las sugerencias que dichos partidos habían planteado. Pero el Gobierno ha demorado tres meses el envío de los anteproyectos a la oposición, y finalmente lo ha hecho tras la polémica organizada a cuenta del Programa 2.000, del PSOE, que apunta una "solución negociada" para Ceuta y Melilla, en el contexto del Magreb, como una hipótesis de debate.El artículo primero de ambos anteproyectos contiene la afirmación de españolidad mencionada al principio. Se atribuye la condición de ceutíes y melillenses a "los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa" en uno de dichos municipios (artículo 4). Y son electores y elegibles los ceutíes y melillenses que estén en pleno uso de sus derechos políticos (artículo 9).

Queda claro que las concesiones de nacionalidad española a los miembros de la comunidad musulmana se rige por las normas del Estado.

Integración de musulmanes

Los estatutos hacen hincapié en que los poderes públicos de Ceuta y Melilla deben "promover las condiciones" para la efectiva libertad e igualdad de sus habitantes, así como superar "las condiciones económicas, sociales y culturales que determinan el desarraigo de colectivos" de sus respectivas poblaciones. No se conceden a Ceuta y Melilla competencias completas en materia de enseñanza, aunque sí la facultad de proponer a la Administración del Estado "las peculiaridades docentes a impartir en los centros".

Los estatutos incluyen planes de financiación, cuya primera fase abarca cinco años, a partir de su promulgación. Ambos prevén un porcentaje por participación en la recaudación de los ingresos estatales, para el cual se aplicarán "idénticas reglas de evolución" que las utilizadas en el resto de las comunidades.

El sistema de financiación estatal podrá revisarse un quinquenio después de su entrada en vigor, por iniciativa del Estado o de las ciudades. Y sólo se admite una revisión anterior en caso de ampliación o reducción de las competencias asumidas, o en el supuesto de que se produzcan reformas sustanciales en el sistema tributario estatal (disposición adicional tercera de cada anteproyecto). Todos los traspasos de bienes y servicios se harán a través de comisiones mixtas.

Los estatutos configuran unas Asambleas sin capacidad legislativa, -en contra de los deseos de sectores de ambas ciudades-, pero sí se les atribuye "potestad normativa", así como la capacidad de elegir de entre sus miembros al presidente de la ciudad. Éste último queda al frente, simultáneamente, de la Asamblea y del Consejo de Gobierno (artículo 15), funciones que le equiparan más a un alcalde que a un presidente de autonomía.

Las Asambleas serán elegidas el mismo día en que se celebren las elecciones locales en todo el territorio español. Mientras tanto, permanecerán en funciones los actuales ayuntamientos, lo cual implica que los grupos políticos y comunidades sociales tendrán algo más de dos años para preparar las primeras elecciones, en el supuesto de que los estatutos sean promulgados.