El equipo de gobierno municipal propone instalar retretes callejeros que funcionen con monedas

EL PAÍS La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento acordó ayer iniciar las conversaciones con la oposición para poder instalar antes de fin de año un centenar de retretes callejeros, cuyo coste se cubriría con publicidad y tarifas.

El equipo de gobierno ha realizado ya varios intentos, sin éxito, para poner en marcha estos servicios, en unas ocasiones, por la oposición de los grupos municipales, y en otras, por incumplimiento de las condiciones fijas por parte de las empresas.

El equipo socialista quiere crear una red de evacuatorios en la zona centro de la ciudad; en algunos de los barrios donde, a juicio de las juntas, lo demanda la población de la tercera edad, y en diversos parques y jardines. José María de la Riva, concejal responsable de Régimen Interior, intentará en los próximos meses llegar a un acuerdo con la oposición sobre la mejor fórmula para poner en marcha este servicio.

En principio, según informó ayer De la Riva, el número de evacuatorios que se quiere poner en la ciudad se eleva a 100, aunque esta cifra se ampliaría progresivamente. "Hay que lograr un acuerdo para que no le cueste nada al Ayuntamiento. El sistema podría ser una mezcla de publicidad e introducción de monedas, pues pensamos que debe ser el usuario el que corra con el gasto", dijo.

Viviendas para gitanos

Luis Larroque, primer teniente de alcalde, informó que el Ayuntamiento firmará en septiembre el acuerdo con la Comunidad de Madrid para volver a poner en marcha el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, que no funciona desde mediados de julio, a raíz de que dimitiera el gerente, José Luis Gómez, y no se renovara el contrato a su equipo.

Larroque afirmó que la Comunidad de Madrid asumirá la contribución que corría a cargo del MOPU, que hace unas semanas se descolgó unilateralmente de este convenio. De esta forma, las dos terceras partes de los costes serán pagadas por la Comunidad, que se hará cargo, a través del Instituto de la Vivienda, de la construcción de viviendas en altura y casas bajas, mientras que el Ayuntamiento colabora con la cesión de terrenos y con la construcción de campamentos a través de la Empresa Municipal de la Vivienda.

Antes de firmar el citado convenio se establecerá un calendario de actuación, para lo que se solicitará información sobre la situación de los distritos a los presidentes de junta.

Larroque afirmó que intentarán recuperarse los meses perdidos con objeto de cumplir todos los plazos y atender así a las 2.000 familias, en su mayoría gitanas, excluidas de los programas existentes.