La independencia de los auditores

La falta de consenso entre los redactores del proyecto de ley de Auditoría y las instituciones económicas afectadas vaticina, según el autor, un futuro poco esperanzador para la salvaguarda de los papeles de trabajo, el secreto profesional y la independencia del auditor.

La necesidad de promulgar una ley de Auditoría en nuestro país ha contado con la unanimidad de todas las instituciones económicas. Sin embargo, dadas las manifestaciones llevadas a cabo por ilustres y expertos profesores y profesionales de la auditoría, así como de las numerosas enmiendas presentadas por todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno, tratando de variar el articulado del proyecto de ley (principalmente en lo que atañe a la salvaguarda de los papeles de trabajo, independencia, competencia y acceso profesional), nos debe llenar de preocupación. Tal falta de consenso entre los redactores del proyecto y las instituciones económicas afectadas vaticina un futuro no muy esperanzador a la hora de la adecuación de la correspondiente ley, si no lo remedian los trabajos de la comísión correspondiente. Y no se diga que no había experiencia y desarrollo normativo en nuestro país relativo a la auditoría. Tanto el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España como la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con una trayectoria de muchos años, han emanado normas, manuales y principios contables. Han impartido reciclajes de auditoría y realizado, a través de sus miembros, numerosos trabajos, manteniendo con todos los organismos internacionales magníficas relaciones e intercambios profesionales.Posiblemente, las características más destacadas de nuestra profesión, rozando casi su razón de ser, son la salvaguarda de los papeles de trabajo, el secreto profesional y la independencia del auditor. Según el artículo 142 del proyecto de ley, el Instituto de Planificación Contable y "quienes estén autorizados por ley" (?), tendrán acceso a la documentación referente a las auditorías realizadas, incluidos los papeles de trabajo. Este hecho puede dañar ostensiblemente la independencia y la confianza que las distintas instituciones sociales vienen depositando en el profesional de la auditoría.

En cuanto a la competencia y acceso profesional, el proyecto rebaja el nivel de exigencia, preparación y formación del futuro auditor, con el riesgo de caer, de no existir controles sólidos, en "dictaduras financieras", como magníficamente describe en uno de sus artículos el catedrático Cea García. Para encontrar un "poder compensador" es necesario, entre otras cosas, aumentar la calidad en la información contable y que el marco mínimo que el proyecto de ley determina para acceder al Registro Oficial de Auditores se amplíe y vaya parejo con las máximas garantías exigidas para tratar de encauzar, a través de la transparencia informativa, el mundo empresarial. "La auditoría no es una profesión meramente mecánica que implique la aplicación de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez aplicados, son de carácter indubitable. La auditoría exige el ejercicio de un juicio profesional, sólido y maduro, para juzgar los procedimientos a seguir, para estimar los resultados obtenidos, para adaptarse a las cambiantes circunstancias de los negocios, etcétera".

Lo que antecede se puede leer en el libro Curso de auditoría contable, del profesor Caftibano Calvo (escrito en unión de otros distinguidos profesores y auditores) y confirma, desde mi punto de vista, la necesidad de exigir unas condiciones más rigurosas para el acceso al Registro Oficial de Auditores que las que se exigen mediante el artículo 7º del proyecto de ley. Por último, espero que la comisión competente correspondiente mejore sustancialmente el proyecto, puesto que si no es así, según mi mejor saber y entender, se habrá perdido una gran ocasión para lograr encauzar las instituciones económicas y sociales del entorno empresarial.

es censor jurado de Cuentas.