A las barricadas

LOS ENFRENTAMIENTOS del pasado día 18 en Las Palmas entre pescadores de la flota congeladora del banco canario-sahariano y las fuerzas de seguridad han vuelto a transformar un problema estrictamente laboral en un conflicto de orden público. Desde hace más de un mes, los trabajadores de la flota que opera en esas aguas, con sede en el puerto de Las Palmas, pretenden conseguir sin éxito la firma de un nuevo convenio colectivo. Las negociaciones con los armadores -en las que también está presente la Administración- no han sido fáciles pero mantenían encauzado el tema en la vía de la confrontación laboral. Las peticiones que plantea el colectivo de trabajadores -el 80% procedente de Galicia y el 20% restante de las islas Canarias- no parecen exorbitadas pues, en definitiva, se reducen a exigir una compensación económica a la jornada laboral de 100 horas semanales que les exige la faena de la mar. Sin embargo, la explosión de violencia callejera tira por la borda los esfuerzos realizados en este sentido, y no es seguro que vaya a ayudar demasiado a los pescadores en su objetivo de conseguir mejoras salariales y sociales.Es preocupante que en la negociación de un convenio colectivo las barricadas sustituyan a los cauces de diálogo y a la acción sindical. El que hechos semejantes se repitan una y otra vez en los últimos años viene a subrayar la falta de identidad que, en demasiados casos, se produce entre las direcciones de los sindicatos que negocian los conflictos y las motivaciones que pueden empujar a un sector de trabajadores a la adopción de actitudes radicales. Aquellos a quienes gustaría enterrar a los sindicatos como una antigualla deberían reflexionar sobre cuáles pueden ser los resultados de la inexistencia de instancias de mediación eficaces en los conflictos laborales.

Pero sería injusto echar sobre los trabajadores todas las culpas por el desenlace violento de las disputas laborales. Tanto o más que ellos tienen su parte de responsabilidad la dureza cerril de algunos empresarios y la pasividad de unos poderes públicos más diligentes en recurrir a la porra que en facilitar el diálogo en cuestiones que tienen una indudable repercusión en la paz social. La impaciencia, la inmadurez y el radicalismo de unos; la ceguera y la inacción de los otros, y la irresponsabilidad de todos, llevan al callejón sin salida del enfrentamiento violento.

Existen unos responsables personales e inmediatos de lo sucedido en Las Palmas y es obligado que den cuenta de sus acciones. Pero el exclusivo tratamiento policial y judicial resulta, además de insuficiente, inapropiado para resolver conflictos de esta naturaleza. El análisis de los hechos efectuado por el gobernador civil de Las Palmas y delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández, es a todas luces parcial y sesgado. Calificar a toro pasado la acción de los trabajadores como un hecho de "guerrilla urbana" está bien para justificar la actuación policial pero es una interpretación bastante pobre de lo sucedido. Su amenaza de expulsar la flota del puerto de Las Palmas a alta mar, además de constituir una medida de dudosa legalidad, deja traslucir la dimensión eminentemente represora con que este representante del Gobierno aborda la resolución de un asunto social. Una prueba más, por si hiciera falta, del papel de meros jefes de policía que se ven abocados a jugar de hecho los gobernadores civiles en la actualidad.