Sorpresa y rechazo en los siete pueblos a los que el municipio de Madrid quiere cobrar el canon del agua

Los responsables municipales de Leganés, Alcorcón, Torrelodones, Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas y Rivas Vaciamadrid se enteraron por la Prensa de que los vecinos de la capital les han costeado en los últimos años unos 3.700 millones de pesetas por la depuración de sus aguas. Algunos de ellos consideran que no tienen que soltar ni un duro por este concepto; otros creen que se trata de una maniobra para desviar las culpas propias por el irregular cobro del conflictivo canon del agua.

Según los informes facilitados por los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, solicitados por la oposición, 23 millones de metros cúbicos de agua, de los 430 millones que se depuran al año, fueron vertidos por 240.000 vecinos de estos siete pueblos. La oposición municipal piensa que, de acuerdo con la legislación, estos municipios tendrían que haber pagado el canon de saneamiento al igual que lo han hecho los madrileños, quienes han visto aumentado el canon de agua a pagar con objeto de cubrir los altos costes del proceso.El representante del grupo municipal de AP en el Ayuntamiento de Madrid, a falta de un estudio en profundidad, estimó en 3.700 millones de pesetas la cantidad que estos municipios tendrían que haber aportado por la depuración de sus aguas desde que se puso en marcha el Plan de Saneamiento Integral de Madrid.

Las posturas de los responsables municipales de estos siete pueblos limítrofes son, sin embargo, muy diferentes. En general, todos coinciden en afirmar que no es el Ayuntamiento de Madrid el que tiene poder para decidir si han de pagar por el saneamiento del agua que vierten a la red de depuradoras de la capital y aseguran que la decisión, en todo caso, debería ser supramunicipal y ser tomada por la Comunidad de Madrid.

Negativa a pagar

Algunos municipios se niegan directamente a pagar. Jesús Zúñiga, alcalde socialista de Las Rozas, se niega a dar ni un duro, "por lo menos hasta que me expliquen más esta situación. Además, los madrileños no pagan por la depuración de nuestra agua, sino por los metros cúbicos que consumen". De esta opinión es también Adolfo Dodero, concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón: "No abonaremos nada a no ser que se nos exija por imperativo legal; si fuera así, podríamos estudiar vías alternativas de depuración menos gravosas para nosotros".

La negativa a pagar se hace férrea en el caso de que el Ayuntamiento de Madrid pidiera el dinero con carácter retroactivo. Así lo aseguran tanto José Aranda, alcalde de Alcorcón, como Enrique Muñoz, primer teniente de alcalde de Torrelodones.

El alcalde de Las Rozas, que también sostiene esta negativa, cree además que se trata de "una maniobra, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo de pleno derecho el decreto sobre aumento del canon del agua, para implicar a más gente y repartir las culpas". José de Pablo Tamayo, alcalde de Rivas Vaciamadrid, afirma que defenderá hasta el final los intereses económicos de los vecinos, "puesto que son ellos los que pagan el agua y no nosotros".

Por su parte, Fernando Abad, alcalde de Leganés, está dispuesto a pedir la ayuda económica de la Comunidad de Madrid en el caso de que hubiera que pagar: "Si resultara muy gravoso para nosotros, además de estudiar medidas alternativas podríamos recurrir a la Comunidad para que financiara por lo menos una parte de los gastos". De esta opinión participa el primer teniente de alcalde de Torrelodones. El alcalde de Rivas Vaciamadrid cree incluso que sería necesaria una reunión entre todas las partes implicadas, con la intervención fundamental del Gobierno autónomo, "porque nosotros dependemos de la Comunidad y no del Ayuntamiento de Madrid". La polémica surgida sobre la financiación del Plan de Saneamiento Integral de Madrid ha puesto también en guardia a las asociaciones de consumidores. La Unión de Consumidores de Madrid (UCM) estudia si los usuarios han podido haberse visto afectados por esta falta de control. Su secretario general, Ricardo Lozano, afirmó que su organización está a la espera de una respuesta oficial sobre este tema antes de adoptar medidas.