Ante las negociaciones con los sindicatos

¿Qué va a pasar en las diversas mesas de negociación abiertas estos días entre el Gobierno y los sindicatos? ¿Por qué el Gobierno se negó hace un año a discutir problemas concretos en mesas diferentes y para posibles acuerdos puntuales no interdependientes, tal como demandaban CC OO y UGT, y ahora transige?Contestar a estas preguntas nos exige examinar algunas experiencias de los dos últimos años:

La primera de ellas es que, si bien la insolvencia de la oposición política asegura al PSOE continuar siendo el primer partido del país por tiempo indefinido, ello no disipa su preocupación y la del Gobierno ante el desgaste y la pérdida de apoyo social y electoral que vienen sufriendo.

A ese desgaste han contribuido bastantes cosas. Entre ellas, las mil y una movilizaciones y huelgas de los trabajadores, que, unas veces contra la política de rentas y otras veces por las secuelas de la reconversión, los abusos en la contratación precaria o el sistema educativo y las retribuciones del profesorado, han dejado patente que, desde el ángulo social, la política del Gobierno tiene profundas vías de agua. Recientes encuestas han puesto de relieve la conciencia ciudadana sobre este asunto.

La contribución de los sindicatos a la denuncia de la política económica y social es sobradamente conocida. Y si a CC OO le cabe decir que fue la primera en confrontarse, también hay que decir que UGT ha otorgado a dicha denuncia una legitimidad de primer orden.

No es irrelevante que esta coincidencia haya producido una inflexión a partir de 1987, donde al anterior predominio de la división y el enfrentamiento entre los dos sindicatos ha sucedido un mayor entendimiento y amplios momentos de unidad en la acción.

Para decirlo todo, el marco de la acción sindical en estos dos últimos años lo caracteriza también la quiebra del modelo de concertación social predominante entre 1980 y 1986. Quiebra producida, entre otras razones, porque política neoliberal y pacto social son términos difícilmente conciliables. Cuando, a pesar de ello, se han forzado las cosas, los vidrios rotos han caído del lado sindical. Recordemos lo sucedido con el Acuerdo Económico y Social (AES).

Con el ánimo de fijar ideas digamos, en resumen, que la erosión electoral y el desgaste político, relacionados con el entendimiento sindical y la movilización social, preocupan más de lo que parece al Gobierno y su partido. Si tenemos presente que en 1989 hay elecciones europeas; que, a primeros de año, Felipe González asumirá la presidencia de la CE; que, de continuar el deterioro actual, podría no resultar fácil acabar en su plazo la presente legislatura, y mucho menos obtener la mayoría absoluta en el Parlamento, entenderemos mejor por qué el Gobierno ha terminado aceptando que se negocie sobre asuntos puntuales y hasta ayude a propagar la falsa falacia de un giro social en su política.

La falacia del giro social

Un error que, sin pretender enfatizar, podríamos calificar de histórico sería que los sindicatos nos sentáramos a negociar creyendo que el Gobierno va a cambiar el rumbo de su política económica.

La cuestión no es que Felipe González haya confirmado a Solchaga en su puesto o que Chaves ensalce en Ginebra la bondad de tal política.

El quid de la cuestión es que el entramado de poder económico y financiero en nuestro país, anudado a su vez a eso que llamamos internacionalización de la economía, hace impensable un cambio progresista desde un Gobierno que desde el principio tomó como opción estratégica para su política económica precisamente aquella que más ha fortalecido y consolidado ese entramado de poder.

Dicho con otras palabras, los sindicatos deberíamos reafirmarnos en que es imposible con nuestras solas fuerzas cambiar el rumbo de la política económica.

Y esto no quiere decir que minimicemos la importancia de la erosión que hemos producido, y mucho menos que nos neguemos a negociar y hasta acordar asuntos concretos que mejoren la situación concreta de diversos colectivos. Pero hemos de tener claro que, en tanto no se de otra correlación de fuerzas en el terreno político mucho más favorable a la clase obrera, no será posible dotar de naturaleza progresista a la política económica de nuestro país.

Otra cosa es que con vistas a estas negociaciones tengamos presente la coyuntura que atraviesa la economía española. Dicha coyuntura permite al Gobierno cierto margen de maniobra. Como la otra coyuntura, la política, le obliga a utilizar ese margen, las posibilidades de satisfacer parcialmente alguna reivindicación pendiente son reales.

La bondad de la política seguida ha consistido precisamente en sanear parte de la estructura productiva en que se asienta el capitalismo en nuestro país, mediante transferencias de rentas del trabajo a rentas del capital, recursos del sector público al privado, etcétera. Es decir, el ajuste brutal de nuestra economía, cuyas secuelas sociales es ocioso repetir, ha permitido una intensa acumulación de capital en manos privadas, que explica el notable crecimiento de las inversiones en 1987 y que España sea un nuevo paraíso para la inversión extranjera, aunque ésta se comporte de forma marcadamente especulativa.

Que el dólar haya perdido un 40% de su cotización en dos años, que nuestra gran dependencia energética haya multiplicado el ahorro económico en la importación de petróleo, que la climatología nos haya deparado buenas cosechas, son ejemplos de otros factores, ajenos al Gobierno, que han contribuido a que efectivamente haya crecido un 5,2% el PIB en 1987 y pueda aproximarse a ese porcentaje en 1988.

Sin embargo, el examen de las perspectivas futuras a nivel internacional, en lo que concierne al sistema financiero y desarrollo económico, unido a los acelerados desequilibrios de nuestra balanza comercial y a la tremenda dependencia de nuestro sistema productivo -por ejemplo, la mitad de la inversión en bienes de equipo durante 1987 lo ha sido por importaciones-, nos permitiría prever que efectivamente estamos sólo ante una coyuntura algo más favorable, pero no ante un seguro crecimiento sostenido y elevado de la economía para muchos años.

Pero ante la frecuente disparidad de criterios que suele darse en eso de las predicciones, lo sensato por parte sindical es escuchar lo que dicen distintos ministros, leer el documento de la dirección del PSOE sobre la inserción laboral de los jóvenes, analizar ese lamentable trabajo que llaman Libro Blanco sobre el paro y reflexionar sobre los impuestos básicos en que la derecha económica y el Gobierno van a seguir buscando esa competitividad que nos falta como país. La conclusión es diáfana: más "flexibilidad" en la contratación y el despido de trabajadores, "moderación" salarial, rebaja de la cuota patronal a la Seguridad Social, contención del consumo interno, aumento de los impuestos indirectos, etcétera.

Premisas

En definitiva, las dos premisas básicas de las que hay que partir en estas negociaciones son que existe ese margen de maniobra para el Gobierno, pero a su vez permanece intacta la médula de la política económica que hemos combatido y estamos obligados a seguir combatiendo.

La dificultad de las negociaciones estriba en que el Gobierno va a pretender, por un lado, que los sindicatos truequen, por ejemplo, alguna mejora relativa en la bajísima cobertura a los parados por una mayor dosis de "flexibilización" en el mercado de trabajo, que, por cierto, globalmente, es el más flexible de toda Europa.

Es decir, el Gobierno va a pretender que se acepte la acentuación de la fractura, desarticulación y abaratamiento de precios en el mercado de trabajo a cambio de una inversión coyuntural en parcelas de por sí insostenibles en materia social. Inversión que, insistimos, está obligando a realizar para frenar el desgaste político que sufre. Por otro lado, intentará asegurarse la desmovilización de los trabajadores frente a su política.

De ahí que conseguir efectivamente que las materias a negociar sean concretas y más interdependientes entre unas y otras mesas de negociación resulte fundamental. Porque a unas cosas, las menos, existe la posibilidad de decir que sí, y a otras, las más, existe la seguridad de que diremos que no.

Otro de los grandes problemas es hasta qué punto las posiciones de CC OO y UGT van a ser coincidentes. Que hay interés en el Gobierno y en la CEOE en romper el entendimiento de los últimos tiempos, lo sabemos ambos sindicatos. Es más, el deseo fundamental del Gobierno es desactivar las posiciones que representa hoy Nicolás Redondo. Pero tampoco puede ocultarse que el llamado modelo sindical de CC OO y UGT no es idéntico.

La propaganda interesada trata de establecer la frontera en una disposición más negociadora en UGT y menos negociadora en CC OO. Es una falsa frontera. La diferencia de fondo es que el sindicalismo de UGT conecta con la tradición socialdemócrata de pacto social, en tanto que CC OO es contraria a ese modelo.

Pero como en principio coincidimos en rechazar un acuerdo global, y unos y otros hemos comprobado que el enfrentamiento pasado ha sido pernicioso, hay motivos para creer que sostendremos los avances en la mejora de nuestras relaciones.

Acertar a dejar claro que el Gobierno es el único responsable de la política económica y que no existe en ella la menor complicidad por activa o por pasiva de los sindicatos; evitar la desmovilización de los trabajadores; obtener algún resultado tangible, puntual y concreto, y conseguir preservar hasta el máximo posible el entendimiento sindical, se convierte en la piedra de toque de estas negociaciones.