'Lobbies'

Cuando hace varias semanas su periódico anunció que el Parlamento legitimaría los grupos de presión -véase EL PAÍS del 13 de junio- me sentí tentado a escribirle para precisar que los lobbies no necesitan ser legitimados por las Cortes, pues tienen una sólida base constitucional -derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, derecho de participación, derecho de petición- y una larga andadura en la política española. Lo que el Congreso intenta hacer es regular su funcionamiento y asegurar el control público de las actividades de estos grupos. Pero a raíz del artículo de Senillosa publicado en EL PAÍS del día 7 de julio deseo hacer unas cuantas precisiones.Senillosa hace una interpretación maniqueísta de los grupos de presión y nos los presenta como la quintaesencia del mal. Es cierto que Buchanan expresó en 1852 sus temores respecto a la perniciosa influencia de estos grupos, pero no es menos cierto que Tocqueville se refirió elogiosamente a la formación de grupos incipientes de defensa del consumidor y a la formación de un lobby nacional que participó en la discusión del tema de los aranceles alrededor de 1830. Los grupos de presión son una manifestación de la compleja amalgama de intereses, a menudo contrapuestos, de la sociedad actual y de la incapacidad de los partidos políticos tradicionales para representar adecuadamente los intereses de una parte de los ciudadanos. Cuando el Gobierno socialista envió al Congreso la ley de pensiones, un segmento de la sociedad se sintió perjudicado y ejerció presiones, principalmente a través de los sindicatos, para tratar de influir en el ánimo de los legisladores. Porque Senillosa parece ignorar que los sindicatos, las organizaciones de consumidores, las de defensa de la naturaleza, las que luchan por los derechos humanos y muchas otras son también grupos de presión. Finalmente, Senillosa hace una atrevida afirmación: según él, el ciudadano común y corriente no está representado en los lobbies. Nada más alejado de la verdad, pues las estimaciones más modestas consideran que al menos la mitad de la población adulta norteamericana participa en uno o varios grupos de presión.- José Antonio Pérez Rey.