El cambio del 10% del capital en una empresa deberá hacerse público
Los tiburones de la bolsa que se amparan en el anonimato para adueñarse de las empresas comprando sus acciones tendrán la obligación de declarar los títulos que poseen cuando rebasen determinados porcentajes del capital, según acordaron ayer en la capital belga los ministros de Economía y Hacienda de la Comunidad Europea (CE).
Reunidos por primera vez bajo presidencia griega, desempeñada por Panayotis Roumeliotis, los doce aprobaron sin votar una directiva que intenta dar una mayor transparencia a las transacciones sobre títulos, estipulando que cuando sor "importantes" deben ser comunicadas a la empresa afectada y a la autoridad bursátil y que, ulteriormente, deben hacerse públicas.Concretamente, las personas físicas o jurídicas accionistas que superen o reduzcan su participación en el capital de una sociedad por encima o por debajo del 10%, 20%, 33%, 50% y 66% tendrán cada vez que cumplir con el requisito de informar, pero aquellos Estados miembros que deseen que se identifiquen los propietarios de menos de la décima parte del capital de una sociedad cotizada en bolsa tendrán la facultad de exigirlo.
La directiva, que tendrá ahora que ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de volver sobre el tapete de los ministros, entrará en vigor dentro de, aproximadamente, dos años, pero previamente las empresas que cotizan en bolsa darán a conocer los nombres de sus principales accionistas y los porceritajes del capital que ostentan.
Anticipación
Algunos países, como Francia, Italia y el Reino Unido, se han anticipado a la directiva introduciendo en su legislación medidas similares a las previstas Bélgica también las está elaborando, y en España, según resaltó el secretario de Estado, Guillermo de la Dehesa, las Cortes aprobarán dentro de 10 días una ley del mercado de valores que entrará en vigor en julio de 1989 y que es incluso más estricta, ya que obligará a declarar a partir de un porcentaje aún por fijar, pero que oscilará entre el 5% y el 15%.
Ni que decir tiene que la delegación encabezada por De la Dehesa apoyó la directiva junto con la mayoría de los Estados miembros, pero Alemania, Holanda y Luxemburgo se mostraron reacios al proyecto por considerar que reglamentaba demasiado las transacciones. A pesar de estas reticencias, Roumeliotis no consideró oportuno celebrar una votación, pero si hubiese pedido un voto, los tres países opuestos no hubiesen constituido una minoría de bloqueo suficiente para impedir la aprobación.
El presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors, intervino también ante los ministros para explicar el método que seguirá el grupo de trabajo que encabeza sobre la Unión Monetaria Europea, y al que además de los gobernadores de los bancos pretenecen tres expertos, entre los que figura el español Miguel Boyer.
Algunas delegaciones pidieron al ponente que su informe esté listo en marzo en lugar de en abril para que los ministros de Economía dispongan de tres meses para estudiarlo antes de que sea remitido a la cumbre de Madrid.
Los doce debatieron el informe de la Comisión Europea con las previsiones económicas para la CE en 1988 y 1989, que vaticina para España un crecimiento del 4,3% del PIB este año y un 3,8% el próximo.
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