La UGT asegura que los Gobiernos socialistas han realizado una política más antisocial que los de UCD

Los Gobiernos del PSOE han realizado una política más antisocial y favorable a los empresarios que los de UCD, según las conclusiones de un informe elaborado por José María Zufiaur y los responsables del Instituto Sindical de Estudios (ISE), dependiente de la UGT, en el que se hace un balance de las repercusiones sociales de la política económica de los últimos 10 años. En él se dice que ha empeorado la situación de los trabajadores, ha aumentado el paro y la dualidad social, se ha recortado la protección social y ha retrocedido la participación de las rentas salariales en la renta nacional.

José María Zufiaur, director del ISE y miembro de la ejecutiva de UGT, no quiere hacer comparaciones entre los Gobiernos de los 10 últimos años y de hecho en el informe no se hacen distinciones, pero sí afirmó en la conferencia de prensa donde presentó el estudio que "el PSOE y la UCD han seguido una senda similar, quizá más decidida con los socialistas", y, tras preguntas reiteradas de los informadores, reconoció que conforme pasan los años se van aumentando las subvenciones y el fomento de las políticas a favor de los empresarios. También aseguró que el informe se acaba de concluir y es casual que se haga público un día antes de que se inicie un nuevo proceso de diálogo social de los sindicatos con el Gobierno y la patronal.La filosofía que inspira el documento, de 326 folios, rechaza la teoría basada en que "lo prioritario es hacer crecer el pastel y luego repartiremos". Zufiaur entiende que los países más justos son los capaces de aplicar la justicia social como una parte del desarrollo económico. Entienden los autores que en los últimos 10 años se han fortalecido la cultura y la ideología conservadoras, con un ataque a los derechos sociales en nombre del empleo. Su conclusión es que no habrá normalización democrática plena mientras el objetivo prioritario sea el crecimiento económico, y no equilibrar la política social.

Óptica economicista

El informe se ha gestado como emulación de otros similares que se hacen cada año en la CE, con un balance de la realidad social, y ya que en España se realizan sólo con una óptica economicista, según Zufiaur. Además quieren aportar argumentos para demostrar que hace falta "un giro social". Los autores indican que no pretenden ser catastrofistas porque son conscientes de las prioridades que hubo para la consolidación democrática y para superar la crisis económica.Critican, entre otras cosas, la infrautilización del crecimiento económico, que se desvía a fórmulas especulativas y no al reparto del trabajo existente ni a programar el papel de España en la distribución internacional del trabajo.

Estos 10 años también han producido una enorme precariedad del mercado de trabajo y argumentan que hasta ahora nadie ha demostrado que por la naturaleza de un contrato temporal se creen dos empleos donde hace falta uno. Por el contrario, tienen datos para pensar que se está sustituyendo empleo fijo por temporal, dado que los contratos temporales afectan al 20% de las plantillas, cuatro veces más que en el Reino Unido de la señora Thatcher y el doble que en Japón.

Zuflaur cree que hay que empezar a cambiar los recursos dialécticos contra la rigidez y acepta que existe, pero no en el mercado laboral, sino en la gestión empresarial y en una forma de entender la competitividad con la que podemos correr el riesgo de que "España se convierta en un país de peones".

Una de las críticas se dirige a lo que denominan "asistencialismo a las empresas", con reducción de cuotas patronales (1,6 billones de pesetas en los seis últimos años), ayudas a la reconversión, reprivatización de Rumasa, saneamiento del sector financiero y una jungla de ayudas y subvenciones que "suponen un apoyo a la acumulación de capital".

La situación del empleo les preocupa, ya que estamos en los niveles de 1980, con un millón de personas ocupadas menos que en 1978. Pero aún les preocupa más el paro de larga duración. En 1977, un 20% de los parados llevaban en esa situación más de un año, mientras que el pasado año la cifra suponía un 61,5%.

La negociación colectiva entienden que se ha consolidado y a ella están sujetos el 80% de los trabajadores asalariados. Los acuerdos logrados en estos años han tenido una positiva aplicación en política de rentas, derechos sindicales y reducción de jornada, pero hay otros aspectos poco desarrollados, como la productividad.

La política de moderación salarial ha propiciado una pérdida del poder adquisitivo más acentuado en 1982, año de vigencia del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), y en 1984, cuando no fue posible firmar un acuerdo marco y se alcanzaron dos récords: en pérdida de empleo y en poder adquisitivo.

Pobreza y marginación

Las rentas salariales en el período de tiempo estudiado han perdido 6 puntos respecto a la renta nacional, y entre 1983 y 1985 las rentas del capital han aumentado un 53%, las rentas mixtas un 23% y las rentas salariales un 18%.En cuanto a pobreza y marginación, el estudio de UGT confirma los datos de la CE y estudios como el de Cáritas. El 23% de las familias españolas, ocho millones de personas, están por debajo del umbral de pobreza, de ellos, cuatro millones en pobreza absoluta. Tampoco creen que haya mejorado la situación en salud laboral, sanidad, educación o acceso a la vivienda de las clases sociales más desfavorecidas.