Tirar de la pistola

LA MUERTE de un joven de 20 años en el madrileño barrio de Villaverde a manos de un guardia civil fuera de servicio durante una discusión trivial constituye una nueva llamada de atención sobre la amenaza que representa para los ciudadanos la incontrolada utilización de armas de fuego en cometidos o asuntos particulares por miembros de las fuerzas de seguridad. En la última década han sido varias decenas las personas que han muerto en estas circunstancias. Su desgracia ha sido tener algún problema con ciudadanos que aparentaban ser como los otros, pero que sólo lo eran en apariencia. Incapaces de dejar a un lado, en sus actividades diarias, una mentalidad policial o militar fuertemente transida de autoritarismo, algunos funcionarios juegancon su desproporcionada ventaja frente a los demás ciudadanos.Asuntos insignificantes como la posesión de una plaza de aparcamiento o las dificultades de acceso a un garaje particular, como es el caso protagonizado en Villaverde, u otros aparentemente menos triviales, como lances de celos o supuestos atentados al honor, han sido resueltos a tiros por ciertos agentes que utilizan el arma que el Estado les confió para ajustar cuentas particulares. Lo que los ciudadanos normales resuelven civilizadamente a través de la discusión y el diálogo, o, si llega el caso, ante las instancias legales competentes, estos ciudadanos con ventaja lo resuelven sin contemplaciones y en su beneficio.

Si a ello se añaden los frecuentes errores policiales con resultado de muertos o heridos graves, bien por inadecuación de las armas empleadas, bien por negligencia o por ineptitud, se comprueba cuán peligrosa resulta en muchos casos la existencia de una policía profusamente armada, pero escasamente preparada para enfrentarse a la delincuencia -o simplemente a las relaciones vecinales- sin necesidad de recurrir a los medios que la legislación prevé exclusivamente para casos extremos.

La profusión de licencias de armas entre vigilantes y guardas jurados, en muchos casos con una deficiente preparación para su uso, así como entre militares y policías retirados o entre ciudadanos particulares, contribuye a agravar la situación. No hace mucho, en circunstancias que investiga actualmente la autoridad judicial, pero que dejan entrever una absoluta desproporcionalidad entre la amenaza real o imaginaria y la respuesta producida, un vigilante jurado daba muerte en el también madrileño barrio de Aluche a un joven de 19 años. Más de dos míllones de españoles, sin contar los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los núlitares profesionales, están legalmente armados (se calcula que disponen de 15 millones de escopetas, rifles y pistolas de distinto calibre), mientras que son incalculables las armas de fuego clandestinas, muchas de ellas en manos de ciudadanos honrados asustados por la escalada de la inseguridad ciudadana.

El peligro potencial -real con demasiada frecuencia- que representa este formidable arsenal exige por parte del Gobierno un mayor control que el que ahora existe so pena de incurrir en una grave corre sponsabilidad. Es incomprensible -y hasta podría resultar delictivo- que no se exija por las autoridades un examen exhaustivo de las aptitudes psíquicas y risicas de quienes obtienen una licencia o permiso de armas, sobre todo cuando, como en el caso de los vigilantes jurados (más de 20.000 en España), tienen la consideración de agentes de la autoridad y se les encomiendan tareas de vigilancia cara al público.

La vida de los españoles se encuentra ya amenazada con creces por el aumento de la delincuencia, a la. que no saben poner remedio todos esos millares de agentes armados. Sólo faltaría que unos policías o vigilantes fuera de sus cabales se conviertan tambiéri en un peligro para nuestras vidas por la negligencia de quienes les entregaron las armas.