Juego sin ley

YA ESTÁ España situada en el tercer lugar del mundo entre las naciones que más dinero invierten en juego. Cerca de dos billones de pesetas -que se sepa cambian de mano al cabo del año; pero la parte segura del negocio va a una tercera y larga mano, la de los padrinos, entre ellos el Estado, que es, además de uno de los grandes empresarios del juego, beneficiario económico de todos ellos, excepto de los clandestinos. El juego, por sus retenciones de beneficios, impuestos, gastos de administración e intermediarios, es la inversión económica en que más seguridades hay de perder. El hecho de que algunas de estas pérdidas del ciudadano vayan a parar a organizaciones benéficas o asistenciales no oculta la magnitud del desastre.Más acá de las estadísticas, una asociación de rehabilitación y autodefensa de jugadores, fundada en Córdoba, relata casos individuales de dramas producidos por la adicción al juego -ludopatía- en los que se revelan suicidios, desunión de familias, delitos que conducen a la cárcel, marginaciones sociales, ruina total. Inquieta ver al Estado, tan preocupado por las enfermedades sociales que le cuestan dinero en Seguridad Social o atención médica, promover y gestionar el sistema del juego, que le produce ingresos tan elevados.

Las autonomías tratan a su vez de arrebatar este padrinazgo al Estado central y multiplican las ocasiones. Izquierda Unida y Esquerra Catalana han denunciado la existencia de irregularidades en la actual Comisión Nacional del Juego y la carencia de una ley estatal que lo regule, años después de haber sido anunciada, e incluso la posibilidad de que algunas empresas dedicadas al juego están financiando partidos políticos. El ministro del Interior recibió la denuncia en comisión parlamentaria y la escuchó con lo que se describe como "gesto de evidente preocupación". Pero los gestos de evidente preocupación se han popularizado ya tanto como escolta visual a las grandes catástrofes nacionales que sólo causan la impresión de una máscara de impotencia. No se trata de pedir una prohibición, sino una contención y un control mucho mayor, una moral que no exalte esta supuesta manera de obtener dinero con evidente perjuicio de la idea del trabajo como fuente de ingresos, y una seguridad de que todo se hace coriffirme a la ley, para lo cual falta la generalidad de esa ley.

Un ejemplo visible para todos es el de las máquinas tragaperras, cuya extensión por todo el país y en lugares inesperados hace pensar que no hay medio de investigación alguna sobre su. funcionamiento, al alcance de los menores, pese a todas las prohibiciones que tampoco la autoridad puede seguir y que quedan al arbitrio de un empleado o de un camarero. Si alguien duda de su capacidad de adicción, no tiene más que observar a los jugadores compulsivos agarrados a la palanca durante horas, con los ojos desorbitados por el seguimiento de las frutitas y de los signos, que no parecen obedecer a las simples leyes de probabilidades. La difusión generalizada de las máquinas tragaperras en este país es simplemente una vergüenza y un escándalo. Es preciso situarlas en locales concretos, autorizados e inspeccionados convenientemente, que no den acceso a los menores y que no tengan otro objeto que el juego. Las máquinas tragaperras están convirtiendo España en un inmenso casino en el que quienes más pierden son las clases más populares. La indiferencia del Gobierno ante: este hecho es lamentable y no tiene ninguna justificación que sepamos. Pero alguna razón oculta debe existir para que se permáta una situación del todo atípica en Europa y que causa un daño moral, especialmente entre la juventud, de indudables consecuencias.

Sin ley de juego estamoss atravesando un período de juego sin ley. Algo que permite pensar que poderes grandes -y siempre hay poderes grandes cuando se habla de movimientos de dos billones de pesetas- están impidiendo el control, la vigilancia y la moderación, y que no puede ser sólo cosa de la codicia fiscal del Estado.