Aluvión desde Madrid
I. C., La tarea de árbitro y aglutinador que incumbe al presidente de turno deberán ejercerla los ministros españoles y sus subalternos en los casi 60 consejos de ministros formales e informales y en las innumerables reuniones de los 270 comités, grupos y subgrupos que tendrán lugar durante la primera mitad del año próximo, cuando España presida la CE, para intentar sacar adelante compromisos en consonancia con los objetivos comunitarios y, a veces, con las metas que se ha fijado también España.
"En Madrid todos querían presidir algo, sentarse en el Consejo detrás del cartelito que pone Presidence", comenta un diplomático que lamenta que varios ministerios que cuentan con funcionarios en la representación de España ante la CE pretendiesen puentear a su hombre en Bruselas con emisarios que en la mayoría de los casos carecen de experiencia comunitaria y ni siquiera saben idiomas.
La pelea alcanzó tales proporciones que, ante la carencia de un organismo de arbitraje, el embajador ante la CE, Carlos Westendorp, se decidió esta primavera a escribir al presidente Felipe González pidiéndole que parase la invasión de funcionarios procedentes de Madrid, y ganó parcialmente la batalla: el 87% de los principales grupos estará presidido por españoles asentados en Bruselas.
En su misiva, Westerndorp, solicitaba además, y consiguió de González, que detuviese el desmesurado crecimiento de la representación ante la CE, que, con 44 consejeros y un total de 124 empleados, es la más numerosa de los doce, por delante de los pesos pesados de la CE como la RFA y el Reino Unido y sólo después de la griega, pero con la diferencia de que desde Atenas viajan a Bruselas para participar en las reuniones de grupos muchos menos funcionarios que desde Madrid.
"La verdad", reconocía el secretario de Estado Pedro Solbes en una conversación con este corresponsal, "es que se ha formado por aluvión, en función de las necesidades del momento y sin planificación", lo que explica que sea, por ejempló, la única embajada ante la CE que cuente con dos consejeros de Trabajo.
"Después de la presidencia", añadía Solbes, "soy partidario de replantear su funcionamiento", y su ministro, Francisco Fernández Ordóñez, era incluso más preciso al afirmar que "una vez hecha esta inmersión de la Administración española en la Comunidad habrá que ir reduciendo el personal" de la representación "en 10 o 12" consejeros, según Westendorp.
