Bendito temor fiscal

La coincidencia de la campaña del impuesto sobre la renta con la presunta realización de delitos fiscales por parte de algunos famosos ha contribuido al debate, como también lo ha hecho la presentación del estudio elaborado por un equipo de expertos, por encargo del Ministerio de Hacienda, sobre la importancia del fraude fiscal en nuestro país.Desde determinados medios de comunicación y por parte de algunas personalidades de la derecha, se ha puesto el grito en el cielo por la supuesta dureza con que se actúa en materia fiscal por parte de la Administración del PSOE.

En primer lugar, conviene aclarar que esta dureza, hasta el momento, ha brillado por su ausencia y que, salvo la muestra de folclóricos y deportistas, no existe ninguna correspondencia entre el fraude estimado y las actuaciones punitivas de las autoridades fiscales. Más bien al contrario, la campaña del Ministerio de Hacienda ha pretendido demostrarnos, con su imagen de la caja de queso en porciones, una bondad del gasto más que discutible, sin entrar en una campaña seria contra un fraude fiscal que, según las conclusiones de la comisión de expertos, adquiere volúmenes alarmantes y que se concentra en aquellos que, como empresarios, profesionales y artistas, no tienen las retenciones y los elementos de control directo que existen sobre los asalariados.

Resulta curioso ver cómo sectores que se quejan de la inseguridad ciudadana y braman contra la delincuencia, pidiendo continuamente eficacia y dureza contra estos males, sean comprensivos, condescendientes y justificativos cuando se trata de delincuentes fiscales. ¿Qué es más grave, robar una cartera en el metro o defraudar 50 millones al Estado?

No es, por tanto, justo rasgarse las vestiduras porque se investigue el cumplimiento de las obligaciones fiscales de personas, se llamen Lola Flores, Pedro Ruiz o Schuster. Pero tampoco lo sería pensar que el problema más serio se centra exclusivamente en estos casos.

Cuando la declaración promedio de los asalariados duplica la de empresarios o profesionales liberales es que algo falla, y eso quiere decir que hay que actuar no sólo con ejemplos espectaculares -del mundo del espectáculo-, sino contra el conjunto del fraude fiscal.

Los aparatos del Estado no son sólo entes de gestión, también tienen un papel coercitivo, deben hacer cumplir las leyes. En realidad, los aparatos del Estado tienen una amplia capacidad de actuación en los conflictos de intereses y de clase. El problema no es tanto si actúan o no con dureza, sino contra quién emplean la dureza. Es evidente que, si se actúa con "suma energía" contra los trabajadores que se movilizan por defender su puesto de trabajo y no se hace lo mismo con los que mayoritariamente defraudan el pago de impuestos, se está inclinando la balanza contra los trabajadores.

Por eso cuando se habla de miedo al fisco se está encubriendo una campaña contra el pago de impuestos que va contra los asalariados, que sí los pagan, y además se está diciendo una falacia, porque las cifras de fraude demuestran lo contrario: cuando se evade masivamente el pago de impuestos es porque no se teme demasiado a las consecuencias.

El sistema fiscal español no se distingue por su progresividad, entendiendo por tal que paguen más los que más tienen y que pueda ejercer un papel redistribuidor. Los sucesivos mandatos del Gobierno del PSOE no se han distinguido por mejorar en este terreno. De hecho, los últimos años han mostrado un mayor crecimiento de los impuestos indirectos, que todos pagamos por igual, que de los directos.

Baja presión fiscal

Pese a tímidos avances recaudatorios, la presión fiscal española sigue situándose en el último lugar del ranking de la CE, por detrás de países con un menor nivel de desarrollo y a mucha distancia de la mayoría.La práctica en el pago de impuestos, la existencia de un fraude elevado, añade regresividad. Con una recaudación de impuestos indirecta superior a la de directos, y con esta última cubierta de forma muy mayoritaria por los asalariados, no se puede hablar de fiscalidad progresiva. En estas condiciones, hablar del miedo al fisco parece una broma.

El futuro de una sociedad en la que el número de pasivos crece, más jubilados y una mayor extensión de la escolarización, en la que la calidad de vida debe necesariamente mejorar, en la que existen bolsas de miseria importantes, exige un fortalecimiento del sector público y una mejora en el nivel de prestaciones, que sólo es posible con una mejora de la presión fiscal.

Frente a estas necesidades, los trabajadores ven una práctica de Gobierno en la que existen demasiados gastos suntuarios, actitudes de nuevos ricos en no pocos casos, poca ejemplaridad en el ejercicio de la administración, muchas obras espectaculares y poca planificación sanitaria, escasas mejoras en la educación, poca inversión productiva, servicios sociales insuficientes o pensiones compensadas a la baja.

Frente a la idea del miedo al fisco, lo que los trabajadores asalariados ven es que son ellos los que mayoritariamente pagan impuestos, como muestra una encuesta reciente en la que el 75% de los consultados así lo manifiesta, y que, por contra, no existe transparencia en el cobro, ni publicidad de las listas de contribuyentes, ni que las grandes fortunas paguen lo que deben. Así se hace muy difícil creer que el sistema fiscal ejerce un papel redistribuidor de los que más a los que menos tienen.

Bendito temor fiscal si existiese y sirviese para que los que más tienen pagasen más. Si esto sucediese y los efectos se viesen en un gasto público ejemplar y bien dirigido, estoy convencido de que a la mayoría no le importana que los grandes defraudadores fue sen tratados como delincuentes.