Todo el complejo militar-industrial de EE UU, bajo sospecha de corrupción

El escándalo de los sobornos en el Pentágono puede extenderse al Congreso e implica directamente a la primera empresa de defensa del país, la McDonnell Douglas, fabricante de los aviones F-18 adquiridos por España. La investigación sitúa bajo sospecha a todo el complejo militar-industrial norteamericano, contra cuyo excesivo poder ya advirtió hace 30 años el presidente Eisenhower. La Administración de Reagan trata de minimizar el caso y promete ir hasta el fondo de la corrupción.

El jefe del Pentágono, Frank Carlucci, afirma que se trata sólo de "algunas manzanas podridas", y el ministro de Justicia, Edwin Meese, dice que la investigación del FBI "reivindica" los esfuerzos del Gobierno por atajar el fraude en los contratos de armamento.Pero la impresión generalizada es que el asunto confirma lo que era un secreto a voces: el sistema de adjudicación de estos contratos está corrompido, y la promesa de "acabar con el fraude, el abuso y el despilfarro del Gobierno", con la que llegó Reagan hace ocho años al poder, es sólo una declaración retórica. "Es el caso más serio de fraude de la historia del Departamento de Defensa. Decenas y decenas de contratistas y, literalmente, centenares y centenares de personas están siendo citados judicialmente", dijo ayer el senador John Warner, republicano y ex secretario de la Marina.

El ministro de Justicia ha asegurado que en un plazo de 30 a 90 días habrá procesamientos. Tres oficinas de congresistas relacionados con la vigilancia del presupuesto del Pentágono están siendo investigadas. Una de ellas es la del representante demócrata por Florida Bill Chappell, informó ayer Los Angeles Times. Los fiscales cuentan con 4.800 conversaciones grabadas en secreto a presuntos implicados durante 290 horas. De ellas, 671 pueden ser incriminatorias para diferentes sospechosos.

La gran redada del pasado martes en todo el país que explotó el caso -registros judiciales en decenas de empresas, oficinas del Pentágono y domicilios particulares- fue realizada por sorpresa por temor a que los implicados destruyeran pruebas de la corrupción. El FBI actuó así porque en uno de los teléfonos pinchados había escuchado que algunos sospechosos estaban al tanto de la investigación, que alcanza tanto a civiles como a militares.

Los anunciados procesamientos, en plena campaña por la Casa Blanca, prometen un verano y un otoño calientes en una ciudad en la que nadie está libre del escándalo. El presidente del Congreso, y principal líder del Partido Demócrata, Jim Wright, está siendo investigado por presuntas faltas éticas, y un juez especial está a punto de concluir su informe sobre el ministro de Justicia e íntimo amigo de Reagan, Edwin Meese.

Secreto

El secreto mantenido hasta el último momento -ni siquiera el presidente y los ministros de Justicia y Defensa habían sido informados- fue defendido ayer por el senador Warner como algo "inteligente, porque nunca sabes quién va a caer en esta red". El caso afecta directamente a uno de los pilares de la presidencia de Reagan: el rearme de los ejércitos norteamericanos. Ya hace dos años, una comisión nombrada por el presidente había advertido que "investigaciones ampliamente difundidas y procesamientos de importantes contratistas han creado la impresión de ¡legalidad extendida, provocando la desconfianza popular en la integridad de la industria de defensa".El informe concluía que "nada merece mayor atención que la cada vez más preocupante relación entre la industria de defensa y el Gobierno". "Lo que va a salir a la luz ahora", dijo ayer el senador republicano Charles Grassey, un conocido crítico del sistema de contratación militar, "irá más allá de la imaginación más calenturienta".

El único documento judicial de la investigación conocido establece que Melvyn Paisley, ex secretario adjunto de la Marina, ahora consultor privado, pero que había conseguido mantener a la vez un contrato de asesoramiento con el Pentágono, supuestamente pasó información confidencial a la McDonnell Douglas para ayudarle a vender sus F-18A a Suiza, Corea del Sur y Francia.

Paisley el hombre de confianza del secretario de Marina, John Lehman, un duro a quien Bush pensaba nombrar ministro de Defensa si es elegido, también ofreció a la McDonnell información reservada sobre el programa del nuevo avión táctico para la Marina, un contrato de 35.000 millones de dólares (cuatro billones de pesetas), que consiguió junto con General Dynamics.

Los fiscales, que cuentan con miles de documentos y conversaciones telefónicas, intentan probar delitos de soborno, conspiración, robo de propiedad gubernamental y violación de las leyes que regulan los conflictos de intereses.