El Gobierno , dispuesto a que los presos del 23-F, salvo Tejero ,dejen la cárcel en los próximos meses

El Gobierno está dispuesto a encontrar la fórmula para que tres de los cuatro condenados por su participación en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que siguen presos abandonen la prisión en los próximos meses, según coinciden fuentes civiles y militares. Las previsiones excluyen al ex teniente coronel Antonio Tejero. La pasada semana, los abogados del ex general Alfonso Armada, de 68 años, solicitaron su libertad condicional argumentando que está gravemente enfermo. El ministro de Defensa, Narcís Serra, responderá hoy en el Senado a una pregunta sobre este asunto.

Actualmente se encuentran todavía en prisión, por su participación en el 23-F los ex generales Jaime Milans, Alfonso Armada y José Torres Rojas, así como el ex teniente coronel Antonio Tejero. Tanto Armada como Torres Rojas han llegado a solicitar el indulto en alguna ocasión, pero les fue denegado. Ahora, los dos se encuentran aquejados de graves enfermedades y pasan largas temporadas en el hospital militar Gómez Ulla, de Madrid.Precisamente la solicitud de libertad condicional para Armada está basada en las dolencias que padece. El ex general, según sus abogados, sufrió una embolla hace unas semanas y tiene importantes problemas cardíacos. A Torres Rojas le han practicado diversas intervenciones quirúrgicas en los últimos años, alguna de ellas en los ojos.

No obstante, el vigente reglamento de establecimientos penitenciarios militares no incluye el padecimiento de enfermedades entre las causas en que puede basarse la concesión de la libertad condicional, motivo por el que, técnicamente, los expertos entienden que será difícil acceder a la solicitud por este motivo. La petición ha sido remitida a la Sala quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, formada por civiles y militares y que ha sustituido al Consejo Supremo de Justicia Militar.

En las últimas semanas, sin embargo, se han producido en el seno de los ejércitos numerosas opiniones cualificadas, algunas de ellas públicas, en favor de la concesión del indulto a los condenados por el 23-F. Al respecto, las fuentes gubernamentales consultadas han indicado que los miembros del Ejecutivo no se oponen a la concesión del indulto y que, aunque todavía no se ha adoptado ninguna decisión concreta al respecto, el Gobierno puede tomarla "en cualquier momento", si bien se añade enseguida que "hoy nadie trabaja específicamente en esa línea".

Militares y políticos

El jefe del Ejército, teniente general Miguel Íñiguez del Moral, declaró en una reciente entrevista concedida a este periódico que el problema del posible indulto a los condenados por el 23-F "es, en cualquier caso, político", y agregó que le "gustaría" que "se solucionara el tema". El teniente general Rafael Allendesalazar, ex capitán general de Madrid, también se declaró hace unas semanas públicamente partidario del indulto a los condenados.

El titular de Defensa, Narcís Serra, admitió en un reciente coloquio en TVE la posibilidad de que en un futuro el Gobierno conceda el indulto, pero también puntualizó que, por el momento, no hay nada concreto en esa línea.

Las peticiones de indulto pueden ser planteadas por los afectados o por cualquier ciudadano particular, pero, en este segundo caso, deben ser respaldadas por el propio interesado. Esas solicitudes son remitidas al Ministerio de Defensa y, en el caso del 23-F, es muy probable que el Gobierno solicitara un informe técnico de la citada sala del Tribunal Supremo. Miembros de esta sala consultados al respecto han señalado su opinión favorable a la concesión del indulto.

Hasta el momento, Milans y Tejero se han declarado siempre contrarios a solicitar esa medida de gracia. Al igual que Torres Rojas, Milans tiene más de 70 años. En el reglamento penitenciario ordinario, los presos con edad superior a los 70 años pueden solicitar la prisión condicional por ese motivo, pero esa cláusula no figura en el reglamento penitenciario militar. No obstante, algunos expertos entienden que, ante la ausencia de esa norma en el ámbito militar, se podría aplicar la existente en el ordinario, sobre todo porque el delito por el que están condenados los del 23-F ya ha pasado a la jurisdicción ordinaria.

Evitar la muerte en prisión

Tanto en el Ejército como en el propio Ministerio de Defensa han surgido en los últimos meses numerosos comentarios con respecto a que el Gobierno debe poner los medios para evitar que fallezca en prisión alguno de los implicados en el 23-F. Este es un argumento que ha sido empleado incluso por algunos altos mandos militares en conversaciones al respecto con autoridades civiles de Defensa, que han recibido numerosas peticiones particulares de libertad para los condenados.

Las peticiones de indulto, en el caso de que vuelvan a producirse próximamente -extremo que se da por seguro en el departamento de Defensa- tendrán que ser propuestas por Serra al Consejo de Ministros, al que corresponde la última decisión.

Los habituales portavoces del departamento de Defensa insistieron ayer en que, en el ámbito político, aún no se ha tomado una decisión determinante de conceder la libertad a los condenados por el 23-F, pese a que algunos altos cargos del departamento se han declarado partidarios del mismo. Uno de esos portavoces admitió que es un "problema pendiente" y que es muy probable que la solución pueda llegar "en lo que queda de año o el año próximo".