El Defensor del Pueblo denuncia a los organismos que no colaboran

El informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1987 incluye una relación de organismos y empresas públicas que han incumplido el deber de colaborar con la institución encargada constitucionalmente de "supervisar la actividad de la Administración". Por lo que se refiere a las denuncias de torturas y malos tratos, manifiesta que "no ha sido siempre sencillo y fácil para el Defensor del Pueblo investigar las quejas recibidas en esta materia". En concreto, señala que en los escalones policiales inferiores y, en algunos casos "la no colaboración de los implicados y sus compañeros hacen difícil la tarea de investigación".El Defensor del Pueblo aclara, en todo caso, que en relación con la gran cantidad de policías y guardias civiles existentes, "el número de quejas sobre estas prácticas resulta muy reducido". Con esta reflexión, el titular de la institución, Álvaro Gil-Robles, viene a señalar que no todos los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado son objeto de las quejas de los detenidos. En otros informes anteriores, a esta observación se añadía que basta una sola denuncia para extremar la vigilancia.

Entre los organismos que destacan por no haber colaborado con el Defensor del Pueblo figura el Tribunal Económico Administrativo Central, del Ministerio de Economía y Hacienda. Entre las comunidades autónomas menos colaboradoras resalta la de Madrid, y en concreto, las consejerías de política territorial, salud, instituto de la vivienda y el propio presidente de la comunidad, el socialista Joaquín Leguina. Igualmente, los gobiernos de Navarra y País Vasco, la Xunta de Galicia, las juntas de Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, así como 40 ayuntamientos de toda España han dejado de colaborar. Entre las empresas públicas, el defensor denuncia a Agrosegur, al director de Campsa y al presidente de Minas y Arrayanes.

Resistencias

En su informe al Parlamento, Álvaro Gil-Robles declara: "La resistencia a colaborar con el Defensor del Pueblo en la tarea de esclarecer la realidad de los supuestos en que se basan las quejas y denuncias de los ciudadanos en relación con posibles irregularidades, abusos o desviaciones de poder, cuando no de violación de derechos fundamentales, a más de poner de relieve unas actitudes poco respetuosas con los principios democráticos y de control parlamentario plasmados en nuestra Constitución, permite que perviva la duda o acusación de una actuación irregular o ilegal de los responsables de la gestión pública".El máximo número de quejas recibidas en 1987, como en años anteriores, correspondieron al área de justicia y hacen referencia al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, menores, enfermos mentales, drogadicción, actuación de los colegios de abogados y procuradores y derecho fundamental a la defensa y asistencia letrada.