El fiscal pide tres años de prisión para el gerente de Corbiplast por delito fiscal

La fiscalía de Barcelona ha realizado la primera petición de una pena de prisión por supuesto delito fiscal, después de la reforma de la legislación respecto a las defraudaciones a la Hacienda Pública de 1985.El escrito de calificaciones provisionales de la fiscalía ha solicitado la imposición de tres años de prisión para el gerente de la empresa de Barcelona Corbiplast SA, José Sala Albareda, por un supuesto fraude al fisco de 46.446.985 pesetas. Sala Albareda es también el propietario de todas las acciones de la firma, que se dedica a la fabricación de plásticos.

La petición fiscal también incluye la imposición de una multa de 50 millones de pesetas al procesado Sala Albareda y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o créditos oficiales. Asimismo, solicita que se impida la disposición de beneficios o incentivos fiscales durante el mismo periodo de la condena solicitada. La fiscalía considera que en este caso la responsabilidad civil del procesado estará cubierta con la liquidación de la deuda tributaria establecida.

El supuesto delito fiscal cometido por el gerente de Corbiplast se produjo durante los años 1984, 1985 y 1986. De acuerdo con la versión del ministerio público, la firma tuvo un volumen de facturación en 1984 de cerca de 194 millones de pesetas. En ese año, el gerente dejó de ingresar la cuota tributaria de 9.698.750 pesetas. En 1985, la cantidad que se debió abonar a Hacienda era de 11.644.087 pesetas, generadas de unos ingresos de 232 millones de pesetas.

En el cuarto trimestre de 1984, la empresa abonó al personal contratado 45.360.193 pesetas, reteniendo a cuenta del impuesto de la renta cerca de 5.800.000 pesetas que tampoco fueron liquidadas a Hacienda. La deuda contraída por la firma en 1986 ascendió a 19.314.388 pesetas.

La querella por el supuesto fraude de Corbiplast fue una de las 26 presentadas por la fiscalía de la Audiencia de Barcelona, que está situada en cabeza de la represión fiscal en España. Todos estos procedimientos criminales se incoaron a petición de la Delegación de Hacienda después de haber descubierto irregularidades en contabilidades de empresas.