Cambiar las reglas del juego

UNA DE las primeras reacciones de Convergéncia i Unió (CiU) tras su victoria en las elecciones autonómicas catalanas del pasado domingo ha sido la decisión de preparar una nueva ley electoral, con el objetivo de primar el voto nacionalista, hegemónico en las zonas rurales. Este proyecto ha sorprendido porque no figuraba entre las prioridades de la coalición nacionalista conservadora, y ni siquiera formaba parte explícitamente de su programa electoral.Pero es aún más sorprendente porque resulta a todas luces indispensable que el planteamiento de una nueva ley de tanta importancia para la configuración de un mapa político se realice desde un consenso básico. A la, por otra parte, defectuosa ley electoral española vigente hoy se llegó tras una ardua negociación que culminó en 1985 con un acuerdo entre los dos grandes partidos de implantación estatal y las dos principales minorías nacionalistas. Éste es un requisito esencial porque, en rigor democrático, no se deben cambiar las reglas del juego sin un asentimiento de principio de todos los jugadores.

El anuncio de una nueva ley electoral para Cataluña -que por lo demás entra perfectamente en el ámbito competencial definido por el estatuto puede obedecer a dos designios estratégicos. El primero y más preocupante sería que la coalición nacionalista conservadora tratase de obtener por la vía de nuevas reglas lo que no pudo obtener suficientemente por la vía directa de las urnas, olvidándose así de la promesa realizada en la noche electoral de "gobernar para todos los catalanes"". La importante victoria de CiU -tercera consecutiva y segunda por mayoría absoluta- del 29-M le ha dejado, sin embargo, mal sabor de boca, porque no respondió suficientemente a las expectativas que había creado su propio líder, Jordi Pujol, cuando, al cierre de la campaña electoral, pidió el voto para ganar "por la misma mayoría o más aplastante que en 1984". Pero sería lamentable que el despecho por el efecto psicológico en un plebiscito que no pudo ser, y que se superpone a la victoria real, introdujese un factor de desestabilización de la vida política en la comunidad autónoma. Otra explicación estratégica del mencionado proyecto puede encontrarse en la voluntad de establecer un alto punto de partida que refuerce la posición propia antes de encarar una negociación inevitable.

Los peores defectos de la actual ley electoral estriban en la desigualdad del sufragio y los límites a la proporcionalidad que vienen dados por las diferencias de población entre las distintas circunscripciones. Reducir aún más la dimensión de éstas -optando, por ejemplo, por la unidad comarcal- no haría más que agravar esos defectos y aproximar peligrosamente el actual sistema proporcional corregido, amparado por la Constitución, a los efectos de un sistema mayoritario que en nuestro país implicaría cercenar el pluralismo aportado por los partidos minoritarios.

Sin embargo, el replanteamiento de la normativa electoral en Cataluña puede constituir un interesante punto de partida para abrir un debate general sobre otro de los defectos capitales de la actual legislación: la imposición al elector de listas cerradas y bloqueadas. Las listas abiertas, aunque pudieran generar fenómenos de desigualdad entre los distintos partidos primando la capacidad económica de determinados candidatos y, en consecuencia, ciertos caciquismos, tendrían la enorme ventaja de acabar con la oligarquización de la vida política. Con listas abiertas el elector puede contrapesar el hoy omnímodo poder de las cúpulas de los partidos, acabar con la ciega obediencia de los parlamentarios a su dirección partidaria antes que a su votante y hacer resplandecer el hermoso principio de que el escaño es para quien lo trabaja y para quien trabaja para él. En definitiva, para los ciudadanos votantes.

Implantar mecanismos de este tipo -que, por otra parte, sólo defienden en Cataluña facciones minoritarias de la coalición nacionalista y del partido socialista- constituiría una gran aportación a la lucha contra la abstención y a la participación ciudadana en la vida política democrática catalana y española.