Francia anulará las entregas de 'etarras' a España por la vía de urgencia

Francia anulará la política de expulsiones de etarras y residentes vascos por la denominada vía de urgencia que inició el anterior Gabinete, que tenía como primer ministro a Jacques Chirac. El nuevo ministro del Interior francés, el socialista Pierre Joxe, que ayer se entrevistó en Madrid con el presidente del Gobierno, Felipe González, y su homólogo José Barrionuevo, transmitió la negativa del nuevo Gobierno francés a proseguir con dichas medidas por su escasa eficacia, aunque aseguró que se mantendrá "la cooperación entre las democracias española y francesa para asegurar la libertad".Joxe, que realizó ayer su primer viaje al extranjero desde su reciente nombramiento, ocupó este mismo cargo de 1984 a 1986 y fue el impulsor de las primeras extradiciones de etarras a España. Posteriormente, en la etapa de Chirac, Joxe criticó duramente desde la oposición las expulsiones por vía de urgencia, alegando que eran ineficaces dado el número de entregados que eran puestos en libertad sin cargos por la justicia española.

El número de entregados por Francia desde 1986 hasta ahora se aproxima a los 200, si bien no coinciden los datos del Ministerio del Interior y los que manejan los medios de comunicación. Tampoco existen datos fiables sobre el número de los entregados que han sido puestos en libertad por las autoridades judiciales españolas.

Los portavoces oficiales españoles no quisieron realizar ayer comentarios sobre el caso, y -probablemente por el conocimiento previo de esa nueva situación- no fue convocada una rueda de prensa para explicar la nueva etapa de relaciones bilaterales en materia de seguridad y terrorismo. Únicamente el ministro francés Joxe, a la salida de su reunión con González en el Palacio de la Moncloa, realizó una breve declaración en la cual aseguró que se mantendría la cooperación entre las dos democracias.

La negativa a aplicar la expulsión por vía administrativa de urgencia no ha sido acogida favorablemente por los responsables del departamento de Interior español, ya que policialmente era efectiva a la hora de obtener información del sur de Francia, así como para evitar que ETA incorporara progresivamente a residentes vascos a medida que iba perdiendo activistas. Esta expulsión llevaba implícita la prohibición de entrada en Francia, lo que ha provocado una evidente disminución de la cantera de futuros activistas.

Francia se compromete, no obstante, a agilizar las extradiciones judiciales y a controlar férreamente la residencia de activistas vascos en su territorio. Ambos países tratarán de mantener un fuerte control en la frontera para evitar la operatividad del denominado santuario francés.

Las dos delegaciones se reunieron ayer en la sede del ministerio de Interior, pasadas las nueve de la mañana. La delegación francesa, encabezada por Pierre Joxe, estaba compuesta por el director general de la Policía Nacional, Ivan Barbot; el jefe de la Unidad Coordinadora de la Lucha Antiterrorista, Jacques Franquet; el consejero técnico del ministro, el comisario Genthial; y el consejero diplomático François Nicolaud.

Por parte española se encontraban, además del ministro, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera; el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado; el director de la Guardia Civil, Luis Roldán; y Luis Arranz, asesor diplomático del ministro. Tras esta reunión, los ministros de Interior se trasladaron al palacio de la Moncloa donde fueron recibidos por Felipe González.

Ruptura

El nuevo ministro del Interior francés ha marcado ya uno de los primeros puntos de ruptura respecto a la política de colaboración antiterrorista de sus antecesores, Charles Pasqua, como titular de Interior, y Robert Pandraud, como ministro delegado para la Seguridad, según informa desde París Lluís Bassets.

Pasqua y Pandraud optaron por las expulsiones y entrega de presuntos militantes de ETA por un procedimiento administrativo urgente, con preferencia a las más lentas y dificultosas extradiciones judiciales. Joxe ha condenado en Madrid el procedimiento de urgencia absoluta y ha señalado, en cambio, que se reforzarán los procedimientos de extradición, tanto respecto a ETA, como a la delicuencia común y a las bases francesas del terrorismo incipiente en Cataluña.