La Administracion obliga a los profesores a hacer evaluaciones y les amenaza con sanciones graves

El Ministerio de Educación comunicó ayer a los representantes del comité estatal de huelga de la enseñanza pública la orden de servicios mínimos anunciada el martes, con la que pretende garantizar las evaluaciones y "todas aquellas pruebas que permitan la valoración objetiva del rendimiento académico de los alumnos". La orden, que desarrolla el decreto de 29 de abril pasado, entrará en vigor hoy, día en que están convocados nuevos paros. El incumplimiento de estos servicios mínimos, que afectan a todos los profesores, puede ser sancionado, según fuentes ministeriales, con la suspensión de funciones entre tres y seis años.

Los directores generales de Personal, Gonzalo Junoy, y de Centros, Concha Toquero, informaron a los miembros del comité estatal de huelga -integrado actualmente por los sindicatos CC OO, UCSTE, ANPE, CSIF, FETE-UGT y STEC-, sobre el contenido de la orden de servicios mínimos, que calificaron de inevitable para "conciliar dos derechos básicos: el derecho a la educación y el derecho a la huelga", señaló Toquero. De ahí que la orden ministerial haga hincapié en la necesidad de que se realicen las evaluaciones y calificaciones finales de curso y la cumplimentación de las correspondientes actas de calificación.Ambos representantes de la Administración recalcaron que el ministerio no desea tener que aplicar la normativa sancionadora prevista para el incumplimiento de los servicios mínimos.

Estos servicios mínimos obligan a efectuar los exámenes, pero no a que se desarrollen las clases caso de resultar refrendada en los claustros la huelga indefinida prevista a partir del 31 de mayo próximo. No obstante, la Administración es muy explícita al señalar que los servicios mínimos ahora establecidos lo son "sin perjuicio de que la evolución y características de la huelga aconsejen completar las garantías del derecho a la formación de los alumnos". La orden será publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y, según recalcaron los portavoces de la Administración, entra en vigor hoy mismo.

Críticas de los sindicatos

Nada más finalizar la reunión con los dos representantes del ministerio, los portavoces de los sindicatos mostraron su desacuerdo con esta decisión de la Administración, "que quiere garantizar algo que nosotros mismos podíamos hacer en un proceso de autorregulación clarísimo", explicaron. De hecho, un comunicado conjunto firmado por los seis sindicatos en la mañana de ayer hacía intención de "proponer al profesorado que las medidas de huelga adoptadas no interfieran la realización de exámenes y evaluaciones del alumnado de la enseñanza pública". Pese a ello, el portavoz de STEC criticó ásperamente la orden de servicios mínimos, por entender que queda claro "que al ministerio sólo le importa de la función docente que evaluemos y examinemos a los alumnos".

Los portavoces sindicales indicaron que es previsible que tras un examen minucioso de la orden -que amplía el real decreto de servicios mínimos de 29 de abril- por los asesores jurídicos se decida recurrirla. En cualquier caso, mostraron su malestar al considerar que vulnera el derecho a la huelga, especialmente en el caso de los directores de centros, a los que obliga a garantizar la realización de evaluaciones.

Algunos sindicalistas consideraban ayer un "exceso" la, huelga indefinida, que, sin embargo, está obteniendo un alto respaldo en las asambleas de zona, lo que obliga a los sindicatos a convocarla, en opinión de las citadas fuentes. La mayor radicalización del profesorado ante el conflicto ha quedado reflejada en las asambleas de centro que se han realizado en toda España. En una de estas asambleas celebrada ayer en Madrid los profesores han propuesto retrasar las evaluaciones.

Ante esta situación, los sindicatos, que tienen prevista para hoy una reunión con representantes de los estudiantes y de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, reclamaron ayer la reanudación urgente de las negociaciones con el núnisterio.

La orden ministerial por la que se establecen los servicios mínimos en la huelga de la enseñanza pública afecta a las once comunidades autónomas comprendidas en el territorio que gestiona el Ministerio de Educación. Sólo la Xunta -una de las seis comunidades que tienen asumidas las competencias plenas en Educación-, ha dictado hasta ahora servicios mínimos. El conseller de Educación de la Generalitat, Joan Guitart, indicó ayer que su departamento, que no piensa establecer servicios mínimos por el momento, estudia las medidas que podrían aplicarse en caso de que los profesores se negarán el próximo día cuatro, como ha ordenado la Generalitat, a entregar las actas a las universidades, informa Alex Rodríguez. Guitart no explicitó qué acciones podrían emprenderse desde su departamento.

Por otro lado, un 30% del profesorado de Tarragona inició ayer un paro indefinido, según informó el Departamento de Enseñanza. El paro, que ayer no tuvo seguimiento en las provincias de Gerona y de Lérida, no pudo ser calculado en la provincia de Barcelona, según un portavoz de este departamento.