Un juez pide el procesamiento de 12 guardias civiles por presunto homicidio

El juez de instrucción de Ontinyent (Valencia), Carlos Esparza, ha solicitado a la Audiencia Provincial el procesamiento de 12 guardias civiles por un presunto delito de homicidio y otro de lesiones graves. Los familiares de las víctimas, gitanos, aseguran que los guardias dispararon contra seis personas desarmadas. Sin embargo, el juez que solicita el procesamiento considera que hubo intercambio de disparos.Los hechos se produjeron el día 24 de junio de 1979 en el kilómetro 152,400 de la carretera nacional 340, a la altura del puerto de Albaida. Seis individuos que horas antes habían intentado robar en una fábrica de Ontinyent fueron localizados por un grupo de guardias civiles. Según el juez, fueron recibidos "por disparos procedentes de la banda de fugitivos, respondiendo los guardias a estos disparos y resultando muerto Victoriano Montes", de 21 años, y heridas de diversa consideración otras personas. Uno de los heridos, Emilio Pérez, de 30 años, está paralítico a consecuencia de los disparos y en estado grave.

En las causas en las que se acusa a miembros de las fuerzas de seguridad son competentes las audiencias provinciales.

El abogado de los familiares de las víctimas, Ramón Milara, dijo a este periódico: "En ese supuesto enfrentamiento no se les encontraron escopetas, ni cartuchos, ni pistolas, ni casquillos, ni arma de fuego alguna, por lo que difícilmente pudieron disparar a la Guardia Civil". "También en el caso Almería se dio una versión de los hechos al principio y la realidad fue otra muy distinta, como todo el mundo sabe por desgracia", concluye Milara.

La querella de los familiares fue presentada seis años después de ocurrir los hechos, y admitida a trámite el 30 de octubre de 1985. Esta querella también se dirigía contra el comandante de puesto, que presuntamente dio la orden de disparar. No obstante, el juez lo ha excluido de la inculpación porque a su juicio no hubo orden previa a los guardias para intervenir. Las cinco personas que acompañaban al fallecido están acusadas de robo y utilización ilegítima de vehículo de motor. Todos ellos admiten los hechos que les imputan.