La mayoría de los españoles no sabe en qué se gasta el Estado el dinero de los impuestos

La sociedad española tiene unos niveles de información muy bajos respecto a la distribución del gasto y cree que los ricos eluden más fácilmente sus obligaciones fiscales. Una mayoría de españoles desconoce en qué se gasta el Estado lo recaudado por los impuestos, y opina que el mayor volumen se destina a burocracia y defensa. Esta mayoría entiende que debería dedicarse mayor presupuesto a la mejora de servicios sociales, como educación, sanidad e infraestructura. Por otra parte, en los últimos años la presión fiscal derivada de los impuestos municipales y autonómicos se ha duplicado, mientras que la estatal ha crecido 14,1 puntos sobre el total.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, inauguró ayer un seminario sobre la campaña de explicación del impuesto sobre la renta, que este año va a poner el acento en la distribución del gasto público. "Los impuestos", dijo, "no son un fin en sí mismos, sino un medio". En este sentido, rechazó algunas críticas a que la nueva orientación de la campaña de este año exceda de las competencias propias de una Secretaría de Estado de Hacienda. "Son las competencias que nos permite la legislación vigente", explicó.En un sondeo de opinión realizado por Hacienda se pone de manifiesto que una mayoría de españoles no sabe exactamente para qué paga impuestos. Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2.500 ciudadanos revela que un 75% entiende que "cuanto más dinero se gana, más fácil es escurrir el bulto y pagar menos impuestos", y otro 68% entiende que en España "los únicos que pagan lo que les corresponde son los que cobran un sueldo fijo", y un 46% más cree que a "quienes dejan de pagar cantidades importantes habría que castigarles incluso con la cárcel".

Según la misma encuesta, el gasto público debería reducirse en defensa (62%), y no les gustaría que se recortara en enseñanza (82%), sanidad (81%) y seguridad social (78%). Las prioridades en el gasto deberían situarse en el siguiente orden: educación, sanidad, pensiones, seguridad ciudadana, reconversión industrial, agricultura, transportes y defensa. El gasto público real tiene las siguientes prioridades: pensiones, comunidades, ayuntamientos y Comunidad Europea, sanidad, desempleo y, asistencia social, agricultura, industria y política financiera, deuda pública, educación, investigación y cultura, transportes, comunicaciones y vivienda, defensa y administración general.

El gasto público totaliza 14 billones de pesetas, lo que representa un 41% de lo que los españoles producen por su trabajo, es decir, de la renta nacional generada. En los tiempos del franquismo este porcentaje era del 25%. Borrell destacó la enorme rigidez del gasto público en España, ya que una de cada dos pesetas generadas ha de ir necesariamente a pensiones, transferencias a otras administraciones y deuda pública. Según el secretario de Estado de Hacienda, "las posturas favorables a la reducción del gasto público no son realistas" y "es utópico pensar que ese 41% se pueda reducir en los próximos años".

Reparto injusto

Borrell reconoció que la carga fiscal en este país se ha distribuido de una forma injusta. Señaló que la reforma fiscal de 1978 tuvo un pecado original, y fue pensar que la información era "instantánea, exacta y gratuita". Habría que preguntar a los españoles, precisó, que si lo que quieren es un impuesto sobre las nóminas o sobre la renta, y si es esto último "tenemos un problema de información". Añadió que la Administración tributaria "no se va a dejar amedrentar por las críticas hacia los métodos utilizados en la lucha contra el fraude fiscal". En cuanto a la presión fiscal, en los últimos nueve años ha aumentado más la proveniente de comunidades autónomas y ayuntamientos que la que se deriva de los impuestos estatales. Sobre el total, mientras en 1978 el 47,4% correspondía al Estado, 47% a las cotizaciones sociales y 5,2% a los entes territoriales, nueve años más tarde el 61,5% corresponde al Estado, el 28,1 % a la Seguridad Social y el 10,4% a los entes territoriales.En relación al PIB, la presión fiscal imputable al Estado ha crecido 7,3 puntos en los últimos nueve años, núentras la de los entes territoriales pasó del 1,14 del PIB al 3,30 en el mismo período.