Cerco a la tortura

LAS RESPUESTAS dadas por el ministro del Interior a los requerimientos del Defensor del Pueblo sobre casos de torturas o malos tratos en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil indicarían, de creerlas, la preocupante degradación física y psíquica en la que parecen caer los españoles, no se sabe obedeciendo a qué extraños impulsos, en cuanto ponen un pie en esas dependencias. O son unos masoquistas, y ello explicaría su irreprimible tendencia a autolesionarse, o son poco menos que parapléjicos o ciegos y, por ello, resbalan fácilmente, se caen por las escaleras o se golpean contra las paredes. Como creemos en la salud mental y física de nuestros conciudadanos más que lo que sugieren esas fórmulas estereotipadas a las que, por deformación profesional o por el peso de hábitos del pasado, se sigue recurriendo para salir del paso ante situaciones comprometidas, nos parece muy dudoso que lo realmente sucedido tenga nada que ver con lo relatado en ese tipo de versiones.El informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre la actuación de los responsables del Ministerio del Interior ante los casos de presuntas torturas policiales constituye, en realidad, una denuncia en toda regla del sistema que rige -que no rige, habría que decir- en dicho departamento para la investigación de estos supuestos. Todo se cuece entre los mismos. Los posibles investigados se arrogan el papel de investigadores y son quienes dictaminan sobre lo sucedido. No existe una verdadera indagación interna en manos de un instructor imparcial que recabe información contradictoria en el seno del núcleo policial sobre el que recae la denuncia. Así, existen todas las probabilidades de que los intereses y vicios corporativistas se impongan sobre la verdad de los hechos y de que la investigación que resulte no pase de ser un sucedáneo de tal. No sorprende que contra este sistema fuertemente autoprotector se estrellen las acciones emprendidas por el Defensor del Pueblo, y que hasta el propio Poder Judicial tenga dificultades en sortearlo cuando trata de averiguar alguna actuación posiblemente delictiva.

Por si esto no bastase para poner en entredicho el crédito de las versiones policiales sobre los casos de torturas a detenidos, los propios médicos del Cuerpo Nacional de Policía acaban de darle la puntilla. Reconocen éstos lo que venía siendo constatado desde antiguo en medios jurídicos: su condición de funcionarios, y, por tanto, sujetos a la disciplina de la autoridad policial correspondiente, despoja a sus informes médicos de la más elemental credibilidad ante los jueces y ante la sociedad. Su propuesta de que sean los médicos forenses quienes asuman las tareas de reconocimiento de los detenidos en comisarías debe ser apoyada, aunque es más que probable que encuentre en su camino todo tipo de resistencias. En todo caso, es una más de las medidas urgentes que son necesarias para alejar las fundadas sospechas que pesan todavía sobre los centros policiales de detención e impedir que se conviertan en lugares donde se incumpla impunemente la ley por quienes están más obligados a acatarla.

El respeto por los derechos del detenido, además de ser un imperativo legal, no puede ser considerado bajo ningún concepto como obstáculo para una actuación policial digna. Y es deber inexcusable del Gobierno exigir el cumplimiento de la legalidad dentro de las comisarías y demás centros de detención, y, en caso de que se infrinja, colaborar en las investigaciones emprendidas por el Poder Judicial o por otras instituciones del Estado con competencias para ello. Mientras ello no sea así, los avances legales que se han dado en estos años en España para la erradicación de los tratos inhumanos y degradantes al detenido -tipificación del delito de torturas, asistencia letrada al detenido, hábeas corpus, etcétera- serán papel mojado. Y el campo seguirá estando abonado para casos como el del Nani.